"El Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales no tiene reflejo presupuestario”, detectó la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). El organismo de control, que evaluó el 2014, añadió que “la falta de asignación de crédito presupuestario imposibilita contrastar la información contable con la presupuestaria”, que debería haberse obtenido del SIGAF, si el sector auditado hubiera contado con presupuesto propio. Esto dificulta saber cómo fue la administración de los recursos económicos.

El RUB fue creado en 2001 “con el fin de ser un único registro para la identificación de quienes reciben subsidios o participan en programas y demás instancias de asistencia directa del Estado porteño, con el objetivo de aportar información estratégica en la toma de decisiones”.

La información recabada a través del cuestionario RUB, en teoría, “no solo permite tener información del aspirante al beneficio sino que incluye a todos los miembros del grupo familiar”. Es una herramienta que, por un lado, “permite analizar las condiciones de vida y vulnerabilidad de las personas” y, por el otro, “genera información estadística válida, confiable e indicadores de seguimiento de la situación social de la población asistida en la Ciudad”.

Lo que no permite, según la AGCBA, pese a ser uno de los objetivos de su creación, “es integrar a todos los programas implementados por el Ministerio de Desarrollo Social”. Hasta 2014, año evaluado, “solo se relevó la información sociodemográfica y habitacional de los hogares que son o aspiran a ser beneficiarios de algún programa”, como el de Formación e Inclusión para el trabajo, atención para familias en Situación de Calle y el programa Ciudadanía Porteña.

Cómo es el circuito del Registro

El RUB, aporta el informe aprobado en 2016, “no trabaja en base a una planificación anual sino que es en función a la demanda de los demás programas del Ministerio de Desarrollo Social”. Los relevamientos se piden a través de mails con la intermediación de la Gerencia Operativa de Gestión Estratégica de Políticas Sociales.

Una vez que se reciben, “comienza un proceso de limpieza de bases, que consiste en realizar un filtro que elimina las solicitudes de beneficiarios que, por ejemplo, hayan sido visitados recientemente”.

Ni bien se definen los casos a visitar se realiza una “georreferenciación en donde se identifican en función a su ubicación los domicilios a visitarse”. Ambos procesos “demoran aproximadamente entre 5 y 10 días”.

Según pudieron observar los auditores, “el promedio entre el pedido de solicitud y la fecha de resolución de la visita es de 52 días”. Por su parte, “el promedio de jornadas transcurridas desde la fecha de solicitud hasta la efectiva respuesta al programa es de 58”. Ante estos datos se concluye que una vez terminada la ficha RUB no se envía inmediatamente al programa sino que “tiene una demora promedio de una semana”.

La AGCBA detectó que “se encuentra pendiente el reglamento de procedimiento de depuración de las declaraciones y los documentos del RUB que hayan superado los plazos de guarda”.

Hay situaciones en las que el registrador no es atendido en la vivienda. En estos casos, “se deberán realizar al menos dos visitas más, en distintos días y horarios”. Si no se consigue dar con la persona, el cuestionario se cataloga como “ausente”. Pero, luego de esta instancia, y a fin de considerarlo cerrado, hay que realizar tres visitas más.

Al respecto, el informe de auditoría destaca que “en el 20% de los casos ausentes no se realizaron las tres visitas posteriores que correspondían”.

Sobre el personal, la AGCBA manifestó que “es muy elevada la cantidad de recursos humanos contratado (43%) respecto al total”. Además observó “dispersión en la productividad de los registradores” ya que “mientras la mitad de ellos realizó más de 100 visitas por mes, el resto hizo menos de 50 cuestionarios”.