Entre enero y noviembre del año pasado, la Jefatura de Gabinete de Ministros ejecutó sólo el 4% del presupuesto destinado a la “provisión de tierras para el hábitat social”. Por ese programa se devengaron $ 971.909 de un total de $ 22.913.440.

Varios programas de esa dependencia registran subejecución en sus partidas durante los primeros once meses de 2008. Para la “modernización de la gestión pública”, por ejemplo, correspondían $ 189 millones, pero se ejecutaron $ 22,5 millones, un 12%. Por otra parte, el “fortalecimiento de los procesos judiciales contra delitos de Lesa Humanidad” (un programa que coincide con otro que funciona en el Ministerio de Justicia), contó con un presupuesto de $ 5 millones y se gastó el 14%, $ 739.189. 

En la administración pública se conoce como “jurisdicción” a cada dependencia que forma parte de algún Poder del Estado, como un Ministerio, y “programa” a las acciones que deben realizar en función de un objetivo específico.

Dentro de la jurisdicción Jefatura de Gabinete también funciona la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, que subejecutó varios de los programas que están bajo su órbita (Ver: Hasta noviembre, la Secretaría de Ambiente...). En “coordinación de políticas ambientales” se ejecutó $ 12.484.311 de un presupuesto de $ 48.510.589, un 12%. Y, en “control ambiental”, que también tenía destinado un poco más de $ 48,5 millones, la ejecución fue del 36%, $ 17,6 millones.

Asimismo, hasta el 30 de noviembre del año pasado, el programa integral para sanear la Cuenca Matanza-Riachuelo fue ejecutado en un 51%, $ 35.674.605 sobre un presupuesto de $ 69.361.655, y de los casi $ 80 millones que correspondían al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se usaron algo más de $ 28,3 millones, un 35%.

No obstante, otras jurisdicciones del Gobierno nacional también subejecutaron sus partidas durante el período analizado, que representa el 92% del tiempo transcurrido en el ejercicio.

El Ministerio de Justicia ejecutó el 35% de su programa de “política e infraestructura penitenciaria”, $ 67,6 millones de una partida de $ 191,3 millones. En tanto que para confeccionar el “registro de armas secuestradas y decomisadas” habían $ 17.722.346 disponibles, pero el gasto apenas superó los $ 5 millones, un 29%. Y sólo se ejecutaron $ 100 mil de los $ 2 millones que estaban destinados al “fortalecimiento de procesos judiciales contra delitos de Lesa Humanidad”, es decir, el 5%.

Por otro lado, la jurisdicción Presidencia de la Nación registra varios programas subejecutados, como el de “formulación e implementación de políticas públicas para la mujer, que gastó la mitad de su presupuesto, $ 2.550.617 sobre $ 5.067.395. La Secretaría de Cultura, que también está bajo la órbita de Presidencia, devengó casi $ 6 millones de los $ 11 millones para el “desarrollo y promoción cultural”.

Además, la Administración de Parques Nacionales disponía de $ 3,5 millones para las “áreas protegidas y conservación de corredores”, de los que ejecutó $ 351 mil, el 10%; y un total de $ 16.776.900 dirigidos a una “mejora de la competitividad de sector turismo”, un programa que utilizó el 23% de ese presupuesto, $ 3.892.204. Por último, en once meses del ejercicio anterior, la Autoridad Regulatoria Nuclear gastó $ 48,5 millones de los $ 112,8 millones que fueron destinados para la “fiscalización de las actividades nucleares”, un 43%.