Los programas preventivos que desarrolló la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) tienen un “escaso nivel de cobertura en el orden nacional”, dice un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN). El organismo de control puntualizó que, según datos del período 2005 – 2006, esas estrategias no llegaron a los chicos en situación de calle, los niveles educativos secundario (de 15 a 17 años), terciario y universitario, ni a las poblaciones aborígenes y de las zonas de frontera.

Asimismo, las acciones sí llegaron al 0,21% de la población escolarizada nacional de entre 10 y 14 años; al 0,013% de los jóvenes entre 18 y 25 años; al 0,16% de la población general nacional en el ámbito comunitario; al 4,5% del universo carcelario, incluyendo a los agentes del Servicio Penitenciario Federal; y al 0,12% de las instituciones registradas en el ámbito laboral.

Los porcentajes correspondientes al espacio educativo se refuerzan con los datos que arrojó la Segunda Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media, hecha en 2005, sobre el consumo de sustancia psicoactivas en la población escolarizada nacional de entre 14 y 17 años. Ese estudio afirmó que el 43,2% de los encuestados nunca recibió cursos de prevención de consumo de drogas, mientras que el 26,9% sólo lo hizo una vez.

Así, la Auditoría concluyó que “no resulta posible vincular acabadamente los recursos asignados en los presupuestos con las acciones que debió desarrollar la Sedronar en el marco del Plan Nacional contra las drogas 2005-5007”.

El informe de la AGN, aprobado el 5 de febrero este año sobre datos recogidos entre 2005 y 2007, señala que la Sedronar no tiene un registro actualizado de organizaciones gubernamentales ni de ONG que presten servicios en materia de drogadependencia en el país. Pese a que este listado es de “carácter obligatorio”, no hay ningún organismo gubernamental registrado, y el detalle de ONG es “parcial”. En este punto, la Auditoría verificó que no hay datos a nivel nacional sobre demandas de tratamientos, programas disponibles, tratamientos realizados, ni listas de espera de personas que demandan atención.

El accionar de la Sedronar también se torna “dificultoso”, apunta la AGN, porque las jurisdicciones conforman sus oficinas de drogas de manera “heterogénea”. Es que, en el plano institucional, las provincias tienen diferentes instancias dedicadas a la lucha contra los estupefacientes, como Secretarías, Subsecretarías, Direcciones o Planes regionales, con “bajo nivel de vinculación con áreas de los gobiernos provinciales”. Con este panorama, el organismo de control detectó que “11 provincias, incluyendo Capital Federal, no tiene planes de drogas”, y que 14 provincias no conformaron un observatorio de drogas”.

Por otra parte, la Auditoría expresó que, al momento de su informe, no existía una actuación coordinada entre la Sedronar y las fuerzas de seguridad que entonces estaban bajo la órbita del Ministerio del Interior: Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, y Prefectura Naval. Esta falta de interacción se manifiesta en dos aspectos: primero, los miembros de las fuerzas no participan del Plan Nacional de Capacitación en materia de control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, y, segundo, tampoco informan a la Sedronar sobre los procedimientos que realizan por infracciones a la Ley de estupefacientes. Por eso, la dependencia no tiene datos estadísticos centralizados y, a partir del segundo trimestre de 2006 cuando los grupos que dependían de Interior dejaron de brindar esa información, dispone únicamente de los reportes que provienen de las fuerzas provinciales y de la Aduana.

A este desencuentro se suma la falta de reglamentación de la Ley 26.045, publicada en el Boletín Oficial el 5 de julio de 2005. La demora de este trámite, que el Poder Ejecutivo debió cumplir a los 60 días de dictada la norma, “impide aplicar las multas (de $ 10 mil a $ 1 millón) en los casos incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas en la Ley, y no permite contar con la regulación de los procedimientos en materia de interdicción y decomiso de sustancias químicas controladas”, explica el organismo de control.

La AGN también observó que los controles que hace el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) son “insuficientes”. Los precursores químicos son sustancias susceptibles de ser derivadas para la elaboración ilícita de estupefacientes y psicotrópicos, y en su manejo intervienen más de 6 mil empresas que están inscriptas en el RENPRE. Para fiscalizar semejante universo, la Sedronar tiene sólo dos personas designadas que, además, no cuentan con lineamientos formales y se basan en sus “experiencias de análisis e investigación”, amplió el informe. Otra área de la Secretaría registra una situación similar en cuanto a su personal: es el Grupo de Control de Desvíos, encargado de examinar las sustancias químicas controladas en el ámbito de la Sedronar. El sector está formado por cuatro personas (dos abogados, una empleada administrativa y un policía Federal) que deben hacer sus inspecciones en todo el territorio del país, y ninguno forma parte de la planta permanente ni transitoria de la Sedronar.