Según la Cuenta de Inversión del ejercicio 2007, el Estado destinó 221% más del dinero que había previsto para subsidiar a empresas de transporte, energía, combustible, minería y agricultura. En ese ítem, transferencias al sector privado, se habían calculado $ 2.394 millones, pero la rendición final indica que el gasto ascendió a $ 7.700 millones, es decir, $ 5.306 millones de una diferencia en la que el Congreso, que aprobó el Presupuesto, no tuvo ninguna intervención.

El año pasado los gastos totales, la suma de las erogaciones corrientes y de capital, fueron de $ 142.421 millones, unos $ 29.200 millones por encima de lo que autorizaba la Ley.

Los subsidios constituyen un tercio de las transferencias corrientes al sector privado. Por este concepto, el Presupuesto preveía destinar en total unos $ 54.490 millones y se terminaron desembolsando $ 70.037 millones. Los dos tercios restantes del ítem están vinculados a la seguridad social: jubilaciones, retiros y pensiones.

Transferencias es el rubro más importante de los gastos totales medidos según su objeto y tiene otros componentes, como las ayudas sociales a personas, que son auxilios especiales no permanentes. En este caso, se habían calculado $ 8.671 millones y, al contrario de lo ocurrido en el resto de los ítems del Presupuesto 2007, se gastó menos de lo autorizado, $ 7.651 millones.

Un concepto que también registró diferencias con lo establecido por Ley fue el de servicios de la deuda pública, porque mientras el monto inicial fue de $ 14.133 millones, el desembolso final ascendió a $ 17.253 millones. Esta brecha, del 22%, está relacionada principalmente con el pago del segundo cupón PBI (Ver: “En diciembre de este año...”, de la sección Monitor Presupuestario).

Sin embargo, hay un ítem que se quedó con la mayor distancia porcentual entre lo autorizado por el Presupuesto y lo que finalmente se desembolsó. Si se miden los gastos totales según su finalidad, un método que permite conocer en qué medida la Administración Central cumple funciones económicas o sociales, se observa que en el rubro servicios económicos la Ley había previsto un monto de $ 13.670 millones, pero la erogación fue de $ 24.474 millones, es decir, una diferencia del 79%.