Neuquén.- La Justicia allanó la sede del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) y secuestró más de 30 expedientes por créditos que en total superarían los 50 millones de pesos. Del requerimiento judicial surge que los directores del ente, que ejercieron entre los años 2004 y 2006, se encuentran sospechados de la comisión de delito por administración infiel y/o fraudulenta. Peritos financieros analizaran cada uno de los casos.

La investigación la inició de oficio la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública por una nota periodística publicada por "Río Negro". Tras la reestructuración de la Justicia, en febrero pasado, el caso quedó en manos del Equipo Fiscal 5 a cargo de Gloria Lucero. 

La fiscal trabajó durante meses recolectando medidas de pruebas a las que se sumaron las objeciones que el Tribunal de Cuentas de la provincia realizó sobre una treintena de créditos otorgados por el Iadep en el período 2004-2006. 

De las objeciones formuladas por el organismo provincial surge que se dieron créditos a personas que no cumplimentaron los requisitos básicos o cuyas garantías eran insuficientes para los montos solicitados. 

Con estos datos la fiscal elevó, durante la primera semana de julio previa a la feria judicial, el requerimiento de instrucción de la causa en la que se solicitó el secuestro de más de 30 expedientes por un monto total que superaría los 50 millones de pesos. 

En la mañana de ayer Alfredo Elosu Larumbe, titular del Juzgado de Instrucción 6, libró la orden de allanamiento. A las 9, y bajo la mayor de las reservas, efectivos de la policía acompañados por las autoridades judiciales ingresaron al edificio de calle Rivadavia 127 y del tercer y cuarto piso secuestraron las carpetas requeridas. Es casi un armario completo de documentación, graficó una fuente judicial. 

Los expedientes comprenden créditos otorgados, ampliaciones y refinanciaciones por lo que cada uno de los casos deberá ser revisado detalladamente por los peritos contables. Las cifras por las cuales fueron concedidos estos créditos oscilan entre los 500.000 pesos hasta sumas que trepan a los 15 millones de pesos. 

Los expertos financieros deberán verificar cuáles son las irregularidades puntuales en cada uno de los créditos. De esta forma se buscará determinar el perjuicio que se cometió contra la administración pública. 

Por ahora los únicos sospechosos son las autoridades que tuvo el Iadep entre 2004 y 2006, ya que sobre ellos recae la responsabilidad última de cada una de las operaciones financieras realizadas por el ente crediticio. De confirmarse las sospechas quedarían imputados por la comisión de delito por administración infiel y/o fraudulenta.