Publicado: 31-07-2010
 
La maniobra contable a la que apeló la Municipalidad de Córdoba (no imputar en la última ejecución presupuestaria los sueldos de un mes) para no aparecer violando el tope del 60 por ciento que el intendente Daniel Giacomino se fijó en materia de gasto salarial para 2009, suena a una profecía autocumplida.

Ya en diciembre último, con el gasto en plena ejecución, algunos funcionarios deslizaron en los medios la posibilidad de excederse un par de puntos porcentuales. Ahora, ese extremo habría quedado plasmado en la ejecución presupuestaria, que fue observada por el Tribunal de Cuentas y que en 10 días irá al Concejo Deliberante.

Según vocales juecistas del Tribunal, el gasto salarial total en 2009 fue de 916 millones de pesos y no de 846 millones como informó el Ejecutivo. Esto sin contemplar que los ediles de esa misma fuerza política señalan que en la suma global tampoco se están computando –como correspondería– los pagos a monotributistas.

Desde el Ejecutivo, dicen que no fue sobrepasado el tope del 60 por ciento; la oposición casi da por hecho todo lo contrario.

Previo al debate político que se dará en el recinto por la cuenta 2009 (el cuerpo tiene 90 días para tratarla), ayer ya hubo repercusiones judiciales. El edil radical Mario Rey se presentó ante el fiscal del fuero Anticorrupción, Hugo Amayusco, para pedir que active la investigación de la denuncia que radicó el pasado 18 de diciembre contra Giacomino, justamente por violar el tope salarial.

En aquel momento, los números todavía no estaban firmes. El municipio había acordado con el gremio municipal (Suoem) una mejora salarial, pero no remunerativa, que se blanqueaba por tandas recién en marzo de 2010.

Eso abrió la puerta al Ejecutivo para esconder en la ejecución presupuestaria que envió al Tribunal de Cuentas 70 millones de pesos de los sueldos de diciembre y así presentar como inexistente (o a lo sumo mínimo) el sobrepaso de la pauta del 60 por ciento.

Rey considera que, "a confesión de parte, relevo de pruebas", por lo que pidió a Amayusco que oficie al Tribunal de Cuentas para que le envíe una copia certificada de la ejecución presupuestaria. "No hay que buscar más. Ahí está documentado que Giacomino no cumplió con la ordenanza de gasto salarial", señaló Rey.

El concejal esperará hasta la semana que viene para ver si la causa "se mueve" y no descarta constituirse como querellante particular.

En el Concejo, el debate por los gastos de 2009 tendrá un aditamento, que ciertamente lo potenciará: si el Ejecutivo y el Suoem acuerdan la pauta salarial para el segundo semestre del año –discuten hace un par de semanas–, ese ajuste también deberá ser aprobado por los ediles y reactivará la discusión respecto de la utilidad del tope y las posibilidades ciertas de cumplirlo.

Para este año, el límite que impone la ordenanza de tope salarial es del 55 por ciento de los recursos totales. Pero con la ejecución del primer semestre de 2009, ese parámetro rondaría ya una cifra superior al 60 por ciento.