El 30 de julio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, establecido en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como forma de las estrategias de lucha contra este flagelo que afecta sobre todo a mujeres y niñas de todo el mundo.

Nuestro país promulgó en 1913 la Ley Nº 9.143 conocida como la “Ley Palacios”. Por primera vez se planteó en aquel entonces la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y mujeres.

Casi 100 años después, en 2008, se sancionó la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Esta normativa creó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Recién entonces, Argentina comenzó a tener estadísticas oficiales. En 2012 se modificó la ley y se sancionó la 26.842, que obliga al Estado a restituir los derechos vulnerados de las víctimas.

En cuanto a la normativa que cumple 10 años, desde la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), en diálogo con GestionPublica.info, resaltaron que “ven muy lenta su aplicación”.

Asimismo, agregaron: “Creemos que hay que ser mucho más proactivos en acabar las redes y para eso es necesario depurar los contactos que las mantienen con funcionarios políticos, de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Es parte de la lucha contra la corrupción y por eso es muy difícil. Se ve en muchos niveles gubernamentales, especialmente locales y provinciales, poca disposición a romper esos vínculos, denunciarlos y poner presos a estos personajes”.

Desde que se sancionó la ley en 2008 hasta 2017, se rescataron 5.146 personas sometidas a la explotación sexual. Solo en 2016 fueron rescatadas 666 mujeres. A 10 años de la sanción de la Ley, “aumentaron las investigaciones y condenas, pero el número de procesamientos disminuyó.

Del mismo modo, el gobierno no confirmó cuantos tratantes condenados purgaron su condena en la cárcel o cuantas víctimas fueron identificadas o recibieron asistencia. "La complicidad oficial es una preocupación importante que coartó los esfuerzos en materia de aplicación de la ley”, expresa el Informe sobre Trata de Personas de 2017 del Departamento de EE.UU.

Según la ONU, casi 21 millones de personas son víctimas de trata en todo el mundo. En Argentina, en 2016, por primera vez una víctima inició y ganó un juicio civil contra sus tratantes y la municipalidad de Ushuaia, donde ocurrió el abuso. De esta manera, se transformó en la primera víctima de trata que recibió una indemnización por parte de sus captores y del Estado. Otro caso emblemático pero no con la misma resolución, es el de María de los Ángeles `Marita´ Verón, quien lleva 16 años desaparecida y sin sentencia firme.

“En la lucha contra la trata, si bien se avanzó en la Argentina, aún falta mucho. Todavía es muy difícil lograr desactivar a las redes que actúan en el territorio. Ni la justicia ni las fuerzas de seguridad actúan bien y hay una gran complicidad que impide avanzar”, aseveraron desde FEIM.

En este sentido, el documento norteamericano recomienda al Estado nacional “fortalecer los esfuerzos destinados a investigar, procesar, condenar y castigar a los responsables”.

Si bien se abrieron dos refugios para víctimas y hay oficinas en las provincias que brindan asistencia, no se sabe a cuantas personas se auxilió y no hay albergues para varones, que en menor medida, también son afectados. 

Algunos de los avances destacados son la realización de campañas de concientización en la sociedad civil y redacción un plan nacional de acción. Pero “no se realizaron esfuerzos para reducir la demanda de trabajo forzoso”, variable que aumentó con la caída del empleo.

Por último, el informe asegura que “Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso”. Y agrega: “la complicidad oficial, principalmente a nivel provincial y municipal, continúa siendo un obstáculo para los esfuerzos gubernamentales destinados a combatir” esta problemática.