El año pasado, un ciudadano –cuyo nombre fue eliminado a fin de preservar su identidad- le solicitó a la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información de la Ciudad datos relativos a la licitación para el anillo de seguridad de monitoreo de patentes y una copia del pliego ganador de la licitación. También se le preguntó qué información almacena el sistema, dónde está guardada y quiénes tienen acceso.

Pero como la Dirección “no le dio respuesta”, en octubre de 2017, se inició una causa judicial con el patrocinio de Poder Ciudadano.

Frente a este panorama, el gobierno porteño intentó eximirse de la responsabilidad argumentando que “los datos solicitados constituían información sensible que podrían afectar la seguridad pública”.

Sin embargo, la jueza remarcó que la Constitución de CABA garantiza el derecho a requerir, difundir y recibir información, sosteniendo que “aun cuando existieran datos sensibles, ello no debe significar la denegatoria sino, protegerlos sin restringir el acceso al resto de la información”. Del mismo modo, dejó en claro que la publicación del llamado a licitación o del pliego ganador "de ninguna forma puede afectar a la seguridad pública".

En este sentido, la Dirección presentó una respuesta al pedido de información “extremadamente vaga e incompleta”. Al respecto la jueza aseveró: “No resultan suficientes para poder satisfacer el derecho del actor a recibir información completa y adecuada” y consideró que la actitud del Gobierno “parece una burla no solo al ciudadano litigante sino también al Tribunal”.

Finalmente, la jueza del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó al Gobierno de la Ciudad a brindar toda la información que le fue requerida con respecto al sistema de monitoreo de patentes que rodea a Ciudad de Buenos Aires.