¿Están cumpliendo los compromisos del Plan Nacional Salta y Córdoba?
Mientras que Salta no está asumiendo el objetivo de presentar un proyecto de Ley Provincial de Gobierno Abierto, Córdoba no tuvo avances en el 2017, pero este año reactivó las metas.
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP Argentina) dio a conocer que Salta no está cumpliendo las metas del tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto y Córdoba presenta algunos avances en relación al 2017.
En el marco de la ausencia de normas salteñas que regulen el acceso a la información y la transparencia, la Provincia se comprometió a elaborar de manera participativa un proyecto de Ley Provincial de Gobierno Abierto.
Sin embargo, pese a que se debía remitir a la Legislatura en noviembre de 2017, esa fecha fue reprogramada en dos oportunidades, por lo que OGP concluye que “no existen registros que indiquen que el proyecto haya sido presentado”.
Una de las cuestiones destacables es que de acuerdo a lo informado por la Universidad Provincial de la Administración Pública de Salta, el área responsable del compromiso, “se llevaron a cabo alrededor 40 asambleas y 13 foros ciudadanos durante un año” para involucrar a los salteños, en los que “se desarrollaron los conceptos de Gobierno Abierto”.
Pero “no se observó la debida difusión por parte del Gobierno de estos encuentros y tampoco se generó un compromiso genuino desde las autoridades provinciales para promover la participación de la ciudadanía para un real debate y construcción de la Ley”.
Por su parte, el objetivo de Córdoba consiste en institucionalizar políticas de gobierno abierto. Para ello se pretende crear un portal que contemple datos abiertos y capacitar sobre la temática a 2000 funcionarios públicos y 200 habitantes.
Según OGP, durante el 2017 “los avances sobre el compromiso no fueron sustanciales”, pero este año “la meta se reactivó”.
En primera instancia, se trabajó sobre las capacitaciones para los 2000 funcionarios públicos. Al respecto, desde el gobierno provincial se presentó una iniciativa de curso virtual obligatorio para determinados agentes públicos y módulos presenciales electivos. Dicha propuesta fue evaluada por las organizaciones de la sociedad civil (OSC), que efectuaron sus aportes.
Del mismo modo, se presentó la maqueta del portal de datos junto a comentarios de las OSC, las cuales se encuentran actualmente definiendo qué información debería ser prioritaria.