El Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Rioja, ordenó mediante la resolución 131/09 la realización de la auditoría en los depósitos de mercaderías y sobre la documentación de ingresos y egresos de la misma.

Confirmando lo anticipado por EL INDEPENDIENTE, también solicita, en la misma medida, que el funcionario Lucas Moyano facilite la realización de lo requerido. 

La resolución, con fecha del viernes 13 de noviembre de 2009, ordenó la realización de una auditoría en los depósitos de mercaderías del Ministerio de Desarrollo Social. Esta decisión se adopta, luego de una grave denuncia en la Justicia realizada la semana última, por presunta venta ilegal de mercaderías. 

Este mismo organismo realizó actuaciones de oficio el viernes último donde detectó que los depósitos del ministerio, situados en el Parque Industrial, contenían una importante cantidad de mercadería vencida y en mal estado, que no había sido distribuida a tiempo con los fines de asistencia social estipulados. 

El organismo de contralor, encargó a la Directora de Control Inteligente y personal de su dependencia, la realización de la auditoría ordenada; afectar a la Delegada Fiscal y personal de su área a colaborar con la Dirección de Control Inteligente en la realización de la auditoría. 

Asimismo, resuelve requerir al subsecretario de Desarrollo Social, Lucas Moyano, que facilite a los auditores el acceso a los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social y a la documentación de ingresos y egresos de mercaderías de los citados depósitos a los fines del cumplimiento de la medida. 

La resolución del Tribunal de Cuentas, del 13 de noviembre de 2009, fue firmada por el presidente, Luis Ramón Zamora; Rolando Carrizo, vicepresidente; María Eugenia Torres, Jorge Menem y Ramón Brizuela y Doria, vocales; ante el secretario administrativo José Antonio Rico. 

El ministro Délfor Brizuela defendió ayer su gestión durante una conferencia realizada en un hotel céntrico. Aseguró que el operativo realizado por la Justicia fue totalmente desproporcionado y que el propio Gobernador observó la falsedad de las denuncias. 

En disonancia con algunos de sus funcionarios y cierto periodismo acólito, el ministro no atribuyó estas denuncias a alguna campaña de desprestigio en su contra y sólo se limitó a decir que "falta mucho" para lograr la calidad institucional en la Provincia. 

Brizuela debería entender que estas investigaciones son resortes naturales de los organismos de contralor en cualquier gestión de gobierno que maneje recursos públicos.