Con casi dos años de demora se conoció ayer, aunque oficialmente no haya sido aún distribuido, el informe especial de la Auditoría General de la Nación sobre el escándalo por el frustrado intento de pago a los herederos del Grupo Greco, que Felisa Miceli había incluido dentro de un proyecto de ley de ampliación de la emisión de bonos en el año 2006 con los cuales se quería cancelar la cuestionada deuda al grupo mendocino. El informe final de la AGN ratifica que el Estado no debe suma alguna a los Greco, que los funcionarios de asuntos jurídicos de Economía en épocas de Roberto Lavagna no sólo no defendieron correctamente al Estado sino que reconocieron una deuda a particulares por un procedimiento presuntamente no regular y que en 2006 hubo un intento claro por pagarles a los herederos de los Greco, mediante una ley donde se intentaron esconder los nombres de los beneficiarios.

Así, Miceli y todo el gobierno de Néstor Kirchner quedaron también en el centro de la responsabilidad por el intento de pago: «De varias evidencias surge con claridad la vocación de pago del Ministerio de Economía al Grupo Greco, como por ejemplo, del hecho que el Estado dio origen e impulsó un proyecto de ley -suscripto el 12 de setiembre de 2006 por la ministra de Economía, Lic. Felisa Miceli, el Sr. jefe de Gabinete de Ministros y el Sr. Presidente de la Nación-, elevado al Congreso de la Nación para asegurar el pago al Grupo Greco, tal como fue puesto de manifiesto al juez de la causa, por parte de los letrados del propio Ministerio», dice el informe.

La AGN determinó en el informe que se conocerá en los próximos días que los Greco le deben al Estado y no lo contrario: un final increíble si se tiene en cuenta que entre el Ministerio de Economía y una causa judicial estuvieron a punto de pagarles a los ex empresarios el equivalente a u$s 200 millones por una deuda que ahora, hasta el juez que intervino en la causa y que falló en contra del Estado, considera inexistente.

El dictamen de la AGN es en ese sentido lapidario: «Se recomiendaal Estado Nacional con carácter prioritario, oponer en su resguardo la compensación de todos los pagos realizados por cuenta y orden del Grupo Greco, como medio de zanjar los reclamos pendientes, asegurar la extinción de las supuestas deudas contraídas con dicho grupo empresario y, de esta forma, estar en condiciones de hacer valer sus créditos».

En las conclusiones, el informe da por probado que el Estado argentino no fue bien defendido en el juicio que iniciaron los Greco, especialmente por el departamento de Asuntos Jurídicos de Economía en épocas de Roberto Lavagna: «De los procesos judiciales surgen observacionesrelevantes a la representación letrada del Estado Nacional por negligencia en actos procesales significativos, tales como falta de contestación de demandas, falta de fundamento de apelaciones, falta de producción de pruebas y desistimiento sin causa de recursos, que hubiese posibilitado al Grupo Greco acceder indebidamente a una cuantiosa indemnización».

Y ataca directamente a los funcionarios Lavagna, de la Secretaría Legal y Administrativa, dirigidos por entonces por Eduardo Pérez, secretario del área, por haber accedido a homologar una deuda cuestionada.