El programa de becas impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2005 para ayudar a alumnos del nivel medio, presentó irregularidades como “falta de sistemas elementales de control interno”, y “disparidad de criterios para la asignación de los beneficios”, según observó un informe de la Auditoría General porteña (AGCBA), que, como conclusión general, afirmó que “no se puede asegurar si los beneficiarios (de las becas) fueron los que tenían la situación socioeconómica más compleja”.

Las falencias detectadas por el organismo de control aparecen desde la solicitud de la ayuda económica. Es que, para inscribirse a una beca, sólo hay que llenar un formulario que describe el contexto del alumno y que es “validado con una simple firma”, como una declaración jurada. El Ministerio de Educación no entrevista a los aspirantes ni hace estudios socioambientales, ambos procedimientos están previstos en las normas que regulan el programa.

La AGCBA detectó una “gran cantidad de errores en la confección de los formularios”, por parte de los “adultos responsables” que los completan y, además, la “falta de acciones” del Ministerio de Educación para minimizar la posibilidad de equivocaciones. Asimismo, “tampoco existe control en la carga de los datos” al sistema informático de la cartera, que le corresponde a una empresa privada. Los datos registrados en los formularios son procesados en ecuaciones de las que se obtiene un ranking que define si un aspirante es becado o no. Por lo tanto, estas irregularidades, en conjunto, pueden incidir en forma directa en la entrega de los beneficios, porque una falla en las variables, altera los resultados.

En 2005, el Gobierno porteño entregó 45.936 becas, sobre un total de 59.147 solicitudes. Los beneficios fueron de $ 250 y $ 500, y se abonó en dos cuotas iguales a las que se sumó un único adicional de $ 150 para las modalidades técnicas y artísticas, en concepto de material didáctico. El presupuesto total ejecutado fue de $ 15,5 millones. Para su estudio, la Auditoría había pedido a Educación una muestra aleatoria de 296 formularios de solicitud de becas, tanto otorgadas como rechazadas, y la cartera entregó 214. Además, el organismo de control recibió una base de datos con información de todos los aspirantes. En el análisis se detectaron “errores de confección en 131 formularios”, el 61,2 %. Por otro lado, se cotejó la información de cada uno de los ítems de las solicitudes con la base de datos, para verificar si el puntaje asignado a los aspirantes en el ranking era correcto. ¿Los resultados? La AGCBA encontró “errores de carga en 150 formularios (sobre 214, es decir un 70,9 %), y diferencias entre el ranking asignado por el Programa y el obtenido por el equipo de Auditoría en 149 casos, un 69,6 %”.

No obstante, el examen también “evidenció la falta de un criterio uniforme de asignación entre el ranking y el monto de la beca”. Es decir, se registraron casos de alumnos que, si bien obtuvieron el mismo ranking, cobraron becas por importes distintos.

La Auditoría de la Ciudad concluyó que en el plan de becas de 2005 se llevaron adelante “procesos administrativos inconsistentes que impiden afirmar que los fondos públicos adjudicados al programa hayan sido ejecutados correctamente”.