La familia presidencial dio ayer un nuevo paso en su plan para mantener bajo su estricta supervisión a los organismos de control. El Senado aprobó la designación de una asesora de Cristina Fernández de Kirchner como auditora general de la Nación. Tendrá como misión la revisión de las finanzas y la gestión de su jefa, de todo el Gabinete e incluso a sí misma. Vilma Noemí Castillo representa actualmente al Estado nacional en el directorio de Aerolíneas Argentinas y el año que viene tendrá que determinar si las actuaciones que firmó este año estuvieron dentro o fuera de la ley.

"Tiene una trayectoria intachable", la defendió el presidente del bloque oficialista Miguel Pichetto durante la sesión de ayer en la Cámara alta. La Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Estado establece que, para acceder al cargo de auditor general, es indispensable que el candidato tenga "probada especialización en administración financiera y control". De acuerdo con el currículum que presentó en el Senado, Castillo es una contadora formada en temas impositivos –fundamentalmente del Mercosur–, sin instrucción ni experiencia en administración financiera y mecanismos de control.

La flamante funcionaria tiene 41 años. A los 20 tuvo su primer puesto como empleada contable en el Banco Alas, que se fundió en 1990. Luego trabajó, en el mismo sector, en una empresa avícola y más tarde en una fábrica de tuberías y mangueras. Asesoró a una editorial en temas tributarios y fue la responsable del área de impuestos del Estudio Furlone y Asociados, el mismo bufete que por esos días participó de la liquidación de ENTEL asesorando a María Julia Alsogaray.

El principal mérito curricular de Castillo es haber sido asesora, durante casi una década, de Cristina Fernández de Kirchner durante su paso por el Congreso de la Nación. Esa cercanía le valió en febrero su primer cargo político en la función pública: fue designada como directora por el Estado nacional en el Consejo de Transición de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Ese capítulo del currículum fue cuestionado por los senadores de la Coalición Cívica que advirtieron que la nueva funcionaria deberá auditarse a sí misma, algo que prohíbe la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. "Debe ser investigada por no impugnar los balances de los últimos años que llevaron al vaciamiento y cuasi quiebra de la empresa. ¿Dónde estaba? ¿No vio nada?", señalaron los senadores María Eugenia Estenssoro y Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica. "Atribuirle responsabilidad por su función en el directorio me parece exorbitante", la defendió Pichetto.

El bloque de la UCR, la principal bancada de la oposición en el Senado, guardó silencio para asegurarse los votos que permitieron el nombramiento de su candidato a la banca reservada para la minoría en la AGN. A la UCR le correspondió además nominar al titular del organismo, Leandro Despouy, en funciones desde 2002.

Castillo no es la primera asesora de la Presidenta que llega a los cargos más altos de los organismos de control. Hace exactamente un año, Cristina Fernández designó como síndica general adjunta a quien oficiaba como su jefa de asesoras, Valeria Marina Loira. Durante los años que la jefa de Estado fue diputada y senadora, Castillo y Loira se ocuparon de redactar los proyectos de ley que presentó. Y en los últimos años tenían a su cargo la influyente Comisión de Asuntos Constitucionales. Fueron ellas, junto a Cristina, quienes diseñaron la polémica reforma del Consejo de la Magistratura que eliminó la representación de la segunda minoría en ese órgano y le dio más poder al Ejecutivo. Aquel fue el primer avance K sobre una institución dedicada al control, en ese caso, del accionar judicial.

En los últimos meses, se intensificó el poder del kirchnerismo dentro de los organismos que deben controlar su gestión. La Oficina Anticorrupción está paralizada desde que falleció hace un mes su titular, Abel Fleitas Ortiz de Rozas. El Gobierno aún no nombró a su reemplazante y, debido a la estructura jerárquica de la institución, no puede ejecutarse ningún procedimiento sin la firma del fiscal. Ni siquiera las licencias por vacaciones para los empleados.

A fines de octubre, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, había restringido el rango de acción del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido. Le prohibió, entre otras cosas, intervenir en causas que no se iniciaron por denuncias de la propia FIA y le ordenó someterse a los fiscales del fuero toda vez que las opiniones de ambos se contradigan.