La Justicia citó a declarar el próximo 2 de julio al funcionario de la Procuración del Tesoro José Augusto Lapierre, en el marco de la investigación del caso Greco, causa en la que el Estado estuvo a punto de efectivizar un supuesto pago ilícito por casi $ 600 millones, frenado en el Senado a fines de 2006. Lapierre habría sido quien firmó un primer dictamen aprobando sin reparos el desembolso, que luego habría sido cambiado por un nuevo escrito del procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, quien no se pronunció sobre el caso y devolvió las actuaciones, según consta en el expediente. Esta versión, que trascendió en su momento en la prensa y siempre fue negada por el organismo, es la que la Oficina Anticorrupción (OA) solicitó que se profundizara.

Ya se creía que el caso Greco era una más de las investigaciones por pagos defraudatorios del Estado que quedan dormidas en los tribunales hasta su prescripción, pero la causa comenzó a moverse sorpresivamente. El titular de la OA, Julio Vitobello (quien asumió en febrero pasado), solicitó al juez a cargo del caso, Sergio Torres, que avance en la indagación de las denuncias por el supuesto cambio de dictamen por parte de la Procuración del Tesoro. En consecuencia, fue llamado a declarar como testigo quien habría sido el autor del primer escrito que aprobaba la maniobra: Lapierre, quien además de trabajar en el organismo, es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires.

La citación de Lapierre a Comodoro Py para el jueves de la próxima semana apuntaría a indagar si hubo un cambio en la postura de la Procuración sobre el pago que el Ministerio de Economía pretendía hacer al Grupo Greco, de aprobarse una emisión de bonos paralizada en la Cámara de Senadores en medio de un escándalo. El testimonio del funcionario podría incluso derivar en un llamado a declaración al propio Guglielmino.

El caso Greco fue el resultado de una demanda al Estado del grupo mendocino por ser desapoderado en 1980. Después de años de litigio, en 2005 obtuvo un fallo a su favor que no fue apelado por Economía. La investigación de las irregularidades del caso devino en el procesamiento de dos funcionarios del Ministerio: el ex subsecretario de Legales de Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles, y la ex directora de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink. Ambos también fueron imputados por el ex fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, en la denuncia del denominado «Economía-gate» a principios de este año: otro presunto pago ilícito de $ 54 millones por parte de Economía al grupo de reaseguradoras Accolade Pool. Este caso también quedó a cargo de Torres.