Del encuentro participaron Angel López, Miriam González y Darío Jiménez, del bloque Frente para la Victoria; Jésica Suárez, del bloque Movimiento Popular Veinticinqueño y Lealtad al Pueblo, y Alejandro Ortega, del bloque del Partido Justicialista.

Los ediles destacaron que el motivo central del encuentro fue la situación planteada en la localidad, frente a las irregularidades detectadas en los balances enviados por el Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante, los cuales fueron cuestionados por la mayoría de los concejales.

El Concejo Deliberante resolvió por unanimidad la realización de una auditoría general externa y luego, por mayoría del cuerpo, la contratación de un estudio contable para llevar a cabo el estudio. Sin embargo, la auditoría aún no se realizó debido a que el presidente del Concejo se ha negado a firmar la resolución correspondiente.

La semana anterior, el intendente de 25 de Mayo, David Bravo, estuvo en la sede de la UNLPam, donde solicitó que fuera la Universidad la encargada de realizar la auditoría. En esa oportunidad, el rector le planteó la necesidad de que el municipio hiciera llegar una nota escrita con precisiones respecto de la eventual auditoría a realizar, tras lo cual la misma sería remitida a la unidad ejecutora de la Consultora de la UNLPam. Este requerimiento aún no ha sido cumplimentado por las autoridades comunales.

Los concejales dieron precisiones sobre lo actuado en el marco de las leyes vigentes y ratificaron su voluntad de hacer cumplir tanto la ordenanza que dispone la realización de la auditoría como la resolución posterior respecto del estudio contable que la concretaría.

Los concejales opositores, por mayoría, aprobaron una resolución por la que decidieron contratar, en forma directa, al Estudio Contable Antonio Felice, de Santa Rosa. Felice y su equipo iban a recibir 46.000 pesos mensuales. Sin embargo, argumentaron los oficialistas luego, la ley sólo permite la contratación en forma directa por un monto de hasta 5.000 pesos.

Por eso, el presidente del Concejo, Nicanor Romero, decidió no firmar el contrato con el estudio contable. En el medio, los opositores cuestionaron duramente al oficialismo: argumentaron que no es una compra directa. En este caso es una contratación directa de profesionales que, según la legislación, se permite hasta un monto máximo de 100.000 pesos.

Ayer los concejales le dijeron a Maluendres que no aceptarán la auditoría de la Universidad aunque ratificaron el interés y compromiso de seguir actuando, en términos institucionales, junto a las áreas de la Universidad Nacional de La Pampa en todas las tareas que redunden en beneficios para la zona de 25 de Mayo.