Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) afirma que el edificio donde funciona la Dirección de Control Ambiental presenta “serias deficiencias” que provocan “condiciones insalubres de trabajo”.

Puntualmente, el organismo de control señala que la sede administrativa de la dependencia, en el segundo piso de Ortiz de Ocampo 2517, no cuenta con el espacio físico adecuado para garantizar “en grado mínimo” el normal desempeño de los empleados. “En horas pico –dice el informe-, hay 150 personas en un lugar de 180 metros cuadrados”. Además, no tienen salidas de emergencia ni tampoco gas. Es que, por las pérdidas detectadas, Metrogas suspendió el suministro del servicio.

La AGCBA aprobó su trabajo en mayo de este año sobre datos recogidos durante 2005. En 2008, desde la Dirección se presentó un descargo en el que se sostuvo que “no era posible remediar” la falta de una salida de emergencia, porque el edificio no es de su propiedad. Para ese momento, tampoco se habían hecho los arreglos necesarios de las instalaciones de gas, y en la oficina continuaban usando garrafas: “Es un problema estructural”, argumentó el escrito.

Otras irregularidades que resaltó la Auditoría fueron la falta de una central telefónica, equipamiento ocioso, insuficiente sistema informático, deficiente registro y archivo de las actividades que realiza la dependencia, y “escaso control interno”.

Tras funcionar bajo la órbita de la Subsecretaría de Control Comunal -dentro de la Secretaría de Seguridad-, y del Ministerio de Gobierno, entre otras áreas, en 2007 la Dirección pasó a ser Agencia de Protección Ambiental, una dependencia autárquica en la jurisdicción del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad.

Entre sus principales funciones se destacan los monitoreos de la calidad del aire y del ruido ambiente, los análisis físicos, químicos y biológicos de aguas recreativas, ornamentales y de consumo en dependencias oficiales, los estudios en areneros de parques y plazas, el control de plagas, la desratización de baldíos y la desinsectación.

La Auditoría porteña agregó que, más allá de las falencias edilicias, el ente “no cumplió con los análisis a los areneros” que formaban parte de su programa 42, laboratorio de calidad ambiental. En el descargo de 2008, la Dirección alegó que los estudios se “discontinuaron” porque eran una “herramienta ineficiente para el control requerido”. Y, con respecto al programa 43, dedicado a la fiscalización sobre la contaminación del medio ambiente, el informe añadió que “no se cumplió con el control de la generación, manipulación, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos patogénicos, peligrosos y efluentes líquidos industriales”. Asimismo, “tampoco se sancionó a los vehículos que exceden los niveles máximos permitidos” en cuanto a la emisión de gases contaminantes.