Santa Fe.- Las tajantes observaciones de un dictamen del Tribunal de Cuentas a la decisión del Ejecutivo de adjudicar en forma directa por seis meses a una UTE de empresas la explotación de la autopista Rosario-Santa Fe reavivó ayer la polémica en el Parlamento santafesino. El diputado Rubeo prometió judicializar la cuestión y anunció que el martes presentará una denuncia en la justicia y acompañará entre las pruebas el dictamen del Tribunal de Cuentas objetando la concesión de la principal vía de comunicación de la provincia.

El gobierno provincial "contó con plazo suficiente para propiciar en tiempo y forma un proceso licitatorio, pero recién con una anticipación de un mes de expirar indefectiblemente el contrato de concesión se inicia la gestión del llamado a licitación", reza un párrafo del escrito de 12 fojas suscripto en forma unánime por los vocales que integran el órgano de contralor de la provincia.

El texto estalló en un áspero contrapunto en ambas cámaras de la Legislatura santafesina, donde fue incluso leído durante la sesión de Senadores.

Sucede que tanto en la cámara alta como en Diputados el PJ encontró asidero legal a los cuestionamientos que formuló contra la medida adoptada por la administración socialistas y que motorizó una citación en la Cámara de Diputados hace quince días al ministro de Aguas y Servicios Públicos Antonio Ciancio.

Las observaciones del Tribunal de Cuentas objetan que el "accionar moroso de la Administración no se transforma en una circunstancia justificante para alegar urgencia y postular la contratación directa".

Según el Tribunal el decreto del PE 1.024 firmado por el gobernador el 28 de junio pasado no se ajusta a las prescripciones del articulado de la ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado. Y advierte el "agregado" al expediente de una "presunta" constancia de inscripción en la Afip (organismo al que requiere informes) a la que se recortó el domicilio fiscal de Consorcio Vial SA".

Además señala el TCP que "de las constancias del Sistema Informático de Seguimiento de expedientes surge que a la fecha de la firma del acto por el gobernador el expediente contaba con 17 fojas útiles y que, con posterioridad, se le agregan las restantes hasta completar las 252 con las que llega al Organo de Control e invita" a las cuatro empresas que convocaron como potenciales oferentes.