Los ‘90, la década menemista, fueron años dorados para unos pocos. Tiempos en que se privatizaron las grandes empresas nacionales y que se cerraron miles de fábricas; en los que los grandes anuncios eran cosa de todos los días. En ese contexto, la por entonces secretaria de Medio Ambiente de la Nación, María Julia Alsogaray, anunció que en 1.000 días el Riachuelo iba a estar limpio. Esos mil días transcurrieron. También otros miles y nada de eso ocurrió.

De hecho, la cuenca Matanza-Riachuelo sigue siendo la más contaminada del país. Quizás por eso, la reciente concesión de un millonario préstamo del Banco Mundial para sanearla genera gran escepticismo entre vecinos y ambientalistas.

El Riachuelo marca el límite de la Capital Federal con Avellaneda, mientras que el río Matanza atraviesa 14 localidades de la Provincia, una región en la que viven alrededor de 3,5 millones de personas. En su recorrido, cerca de 5 mil industrias arrojan vertidos contaminantes al curso de agua y en sus riberas se levantan 13 asentamientos y más de un centenar de basureros.

El descreimiento

"Hay gran voracidad por el dinero y poca voluntad de cambio", le manifestó a la red gráfica Tierramérica Alfredo Alberti, integrante de la Asociación de Vecinos de La Boca, que promueve la participación y el control ciudadano de las tareas de limpieza de la cuenca, que se convirtió en una cloaca a cielo abierto.

La asociación es parte del Espacio Matanza-Riachuelo, una red de distintas organizaciones que velan por el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en julio de 2008 emplazó al Estado y a las empresas a sanear definitivamente la cuenca, de 64 kilómetros de extensión.

El fallo de la Corte fue resultado de una causa iniciada en 2004 por vecinos afectados por la contaminación. El tribunal convocó a la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a los municipios y a empresas implicadas y ordenó al Estado a presentar un plan.

Fue así que nació la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), integrada por representantes de las distintas jurisdicciones implicadas, para aplicar un plan de limpieza controlado por la Justicia y organizaciones no gubernamentales.

La inversión

La puesta en marcha del plan de saneamiento requiere una inversión de 1.484 millones de dólares. El gobierno de Cristina Kirchner se comprometió a aportar 644 millones, mientras que el Banco Mundial anunció -a principio de este mes- el otorgamiento de los 840 millones restantes. Será en forma de préstamo, a pagar en 30 años.

Significa el mayor desembolso para saneamiento otorgado a un país latinoamericano, según autoridades del Banco, y apunta "al problema ambiental más visible de Argentina", al tiempo que se propone "mejorar la calidad del agua de la cuenca en 15 o 20 años".

El dinero se destinará a obras de suministro de agua, cloacas, plantas de tratamiento y estaciones de bombeo (694 millones). Buena parte del resto, unos 148 millones de dólares, irá a la reconversión de industrias para una producción más limpia, al ordenamiento territorial de la cuenca y al fortalecimiento de la autoridad de control y vigilancia.

Pero las distintas organizaciones sociales con injerencia en el tema, sostienen que el dinero en manos del Estado no garantiza el cumplimiento del plan.

¿Cómo antes?

"Lo que faltó hasta ahora no es dinero. Cada vez que se buscó financiamiento para la limpieza se consiguió. El problema es si se gasta de forma racional y coherente", explicó Juan Carlos Villalonga, de la organización Greenpeace a la red gráfica.

Como es de público conocimiento, durante el gobierno de Carlos Menem y la gestión de María Julia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo de 250 millones de dólares.

"El problema siempre fue la escasa voluntad política. Una parte se gastó en consultorías, otra se desvió a planes sociales, y el Riachuelo siguió igual", agregó Villalonga.

Por eso desde la organización ambientalista dudan de la suerte que correrá el nuevo préstamo, inquietud compartida por integrantes de otras ong’s como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

No obstante, las fuentes coincidieron en que la nueva coyuntura es más favorable. Hay una autoridad interjurisdiccional, participación de la sociedad civil y un actor que nunca había estado: la Justicia.

"La intervención de la Corte Suprema es una diferencia fundamental. Nos da mucha tranquilidad", manifestaron.

El vecino de la Boca Alfredo Alberti, producto de una desilusión que lleva décadas, manifestó: "Tenemos una historia de créditos desviados o subejecutados y creemos que no todo se gestiona con dinero. Ojalá esta vez sea diferente; no queremos ser agoreros". Sentimiento compartido por gran parte de los millones de habitantes afectados por la cuenca Matanza-Riachuelo y que sueñan con ver saneado ese curso de agua y con que las promesas políticas no naufraguen -una vez más- a la deriva.

La cuenca Matanza-Riachuelo

La cuenca Matanza-Riachuelo está contaminada desde el siglo XIX pero en las últimas décadas la polución se tornó crítica. En abril de 2006, la Auditoría General de la Nación advirtió sobre el riesgo de una "catástrofe sanitaria" y la Defensoría del Pueblo de la Nación alertó dos veces sobre la falta de políticas públicas sobre el tema.

El problema se torna complejo porque abarca tres jurisdicciones. Por un lado está la competencia del Gobierno nacional, que debe prevenir la contaminación, pero también tienen responsabilidad la provincia de Buenos Aires y la ciudad del mismo nombre. La Corte fijó un esquema que apunta a destrabar el conflicto.

La sentencia resolvió tutelar exclusivamente el bien colectivo y devolvió a jueces de primera instancia las demandas individuales por eventuales daños. A partir de esa diferenciación, los jueces consideraron que es su deber buscar la recomposición del daño y, en caso de que éste sea irreversible, el resarcimiento.