Una vez más, el Gobierno nacional extendió por 120 días las concesiones de los corredores viales nacionales que fueron privatizados por Carlos Menem y renegociados por Néstor Kirchner. La prórroga, firmada por la presidenta Cristina Fernández, volvió a ignorar los sistemáticos incumplimientos de las obligaciones contractuales y los severos informes de la Auditoría General de la Nación (AGN).

El decreto 422/2009 que el martes pasado firmó la presidenta Cristina Fernández –y que fue publicado ayer en el Boletín Oficial– es prácticamente igual al que redactó cuatro meses atrás (1615/2008). Ambos ordenan "prorrogar los contratos de concesión de los seis corredores viales hasta la toma de posesión de las nuevas concesiones que resulten del proceso licitatorio y por un plazo no mayor a 120 días".

Pero ni uno ni otro ítem se cumplió: el proceso licitatorio para siete de los ochos corredores viales "fracasó". Desde que el Ministerio de Planificación llamó a licitación pública el 22 de octubre pasado, ya modificó el cronograma establecido cinco veces. Con este argumento, la Presidenta volvió a autorizar la nueva prórroga que viola su decreto anterior que, claramente, establecía "un plazo no mayor de 120 días".

Las concesiones de las rutas, autovías y autopistas privatizadas en la década menemista cargan con un tendal de denuncias judiciales por incumplimientos relacionados con infraestructura, seguridad y preservación del ambiente, y varias auditorías negativas de la AGN. El ex defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, también se sumó a las denuncias y aseguró que el proceso de renegociación de los últimos seis años es inconstitucional.

Pese a las críticas y a las denuncias por irregularidades, los contratos continúan extendiéndose en el tiempo. Cuando los Kirchner llegaron al poder decidieron levantar la política de subsidios y más subsidios de Menem y fijaron un canon para cada corredor. El Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), encargada de cobrar los cánones de las concesionarias, estuvo presidido hasta hace poco más de un año por Claudio Uberti. El funcionario renunció después del escándalo de los 800 mil dólares en la valija de Guido Antonini Wilson.

Otro de los cambios que impuso Néstor en 2003 fue quitarles a las empresas la obligación de hacer obras de mejora y ampliación. La facultad quedó en manos del Gobierno y benefició a los concesionarios amigos como Equimac, una de las constructoras más favorecidas de esta gestión; Eduardo Eurnekian, propietario de AA 2000, que por aquellas épocas adeudaba millones de cánones impagos por los aeropuertos; y otras compañías como Homaq y Covico, con incumplimiento en las inversiones de hasta un 80 por ciento.

Según figura en los contratos que las concesionarias firmaron con el Estado, la reiteración de las faltas graves no sólo motivaría la rescisión del servicio sino que las inhibiría de poder participar en futuras licitaciones. Sin embargo, el Gobierno volvió a regalarles la prórroga de la prórroga.