Publicado: 19-04-2010
 
Abarcaría a los tres poderes. Presentaron 14 proyectos, la mayoría opositores.

Tras el revuelo que causó la negativa del Gobierno a dar información a dos ONG sobre los gastos en publicidad oficial, en marzo, la oposición decidió apurar en ambas cámaras el debate de una ley que obligue a los organismos públicos a suministrar los datos que requiera cualquier ciudadano.

El tema ya subió a escena en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y comenzará a ventilarse en la de Diputados. Desde marzo ingresaron siete proyectos y otros tantos mantienen estado parlamentario desde el año pasado. La mayoría fue redactada por bloques opositores, salvo uno del senador oficialista Daniel Filmus y otro del diputado Martín Sabbatella, un aliado K. El Poder Ejecutivo, amagó, pero nunca envió un proyecto propio.

"El acceso a la información pública es uno de los pilares básicos de la libertad de expresión. Pero en Argentina hay un proceso de restricción que va en paralelo con la confrontación y las agresiones a la prensa independiente", señaló la diputada Silvana Giúdici (UCR), presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión y autora de un proyecto, quien organizará el jueves un seminario sobre el tema.

El vice de Asuntos Constitucionales del Senado, Samuel Cabanchik (Probafe), dio el primer paso al citar a debate hace diez días, pero el oficialismo se ausentó. Filmus se enojó porque no lo invitaron a exponer. "No le avisaron desde su bloque", replicaron. Finalmente, se acordó iniciar el martes 27 una ronda con expertos. "Esperamos tener dictamen en mayo", dijo Cabanchik.

Sabbatella, de Nuevo Encuentro, fue el último en meter su proyecto. Retomó un plan que aplicó como intendente de Morón. "Vamos a trabajar para construir mayorías y consensos, de modo que esté en la agenda parlamentaria inmediata", dijo a Clarín. El texto reconoce aportes de varias ONG.

La diputada Graciela Camaño, a cargo de Asuntos Constitucionales, aseguró que su comisión se apresta a armar reuniones con especialistas. "Habrá que ver cuál es la cámara donde se aprueba primero", deslizó Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica. Y pronosticó: "No creo que el Senado llegue antes".

Para Pablo Secchi, de Poder Ciudadano -entidad que reclamó sin éxito, junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) el acceso a los gastos en publicidad oficial- "más allá de las diferencias entre los proyectos, lo importante es tener una ley de acceso a la información".

Una distinción central entre las iniciativas es la autoridad de aplicación. Sabbatella y Margarita Stolbizer (GEN) proponen que sea definida por cada uno de los tres poderes en sus respectivos ámbitos. La propuesta de Giúdici crea una Comisión Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Cabanchik plantea crear el Centro de Información Pública.Patricia Bullrich propone que el organismo sea la ya existente Defensoría del Pueblo.

Actualmente existe el Decreto 1172/03, que sólo obliga al Poder Ejecutivo a brindar información, pero carece de una vía para el reclamo judicial en caso de no poder acceder a la información solicitada, ya que deriva los reclamos a la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia.

Para Emelina Alonso, de la ADC, "se trata de regular un derecho fundamental para el ejercicio de otros derechos y para la participación ciudadana". Según su visión, "la ley debería abarcar a las empresas públicas, todo ente autárquico y a las empresas prestatarias de servicios públicos". Y reclamó que se establezcan sanciones al que niegue información.