La diputada provincial del Frente Chaco Merece Más, Elda Pértile, presentó una un proyecto de ley que impulsa la autarquía financiera del Tribunal de Cuentas del Chaco porque entiende que esto permitirá la independencia funcional del organismo, tal cual lo establece su ley y la propia Carta Magna chaqueña.

Si bien el proyecto cuenta con varios artículos meramente operativos, en su introducción dispone claramente que el organismo de contralor externo preparará anualmente su presupuesto de gastos y recursos, el cual será aprobado por el plenario y remitido al Ejecutivo para su incorporación en el presupuesto general de la provincia. Fija también que le corresponderá el 0,65 por ciento del régimen de coparticipación de impuestos nacionales, además de otros porcentajes por actuaciones en los juicios de responsabilidad y tasas por auditorias. 

La iniciativa presentada la semana pasada recién será girada a comisiones para su análisis y posterior discusión, donde Pértile pretende exponer la necesidad de estas modificaciones para que se cumpla la Constitución, que en uno de sus párrafos sostiene que "la ley orgánica garantizará la independencia y autonomía funcional; la facultad de designar y remover su personal y la de proyectar su propio presupuesto". 

Independencia funcional y financiera 

La legisladora resaltó que "uno de los fundamentos de la creación del Tribunal de Cuentas --como órgano de control externo-- fue dotarlo de libertad funcional y autonomía financiera para que funcione sin depender de ninguno de los poderes del Estado. Ahora bien, la independencia funcional y autonomía financiera resultan de difícil concreción, conforme el espíritu que le imprimieron los convencionales a la norma, si no hay ejercicio real de la autarquía financiera en el organismo". Por esta razón dejó claro en que "es el organismo quien debe tomar las decisiones financieras vinculadas a su presupuesto, como también decidir la oportunidad de disponer de fondos para financiar su presupuesto", dando cuenta de que un decreto de diciembre de 2003 --en vigencia-- debió prever las excepciones para el Poder Legislativo, Judicial y Tribunal de Cuentas respecto de los recursos depositados en cuentas corrientes, "hecho que puede interpretarse como un avance en sus facultades por parte de uno de los Poderes del Estado, siendo necesario cuidar una clara división de ellos por ser esencia del sistema republicano de gobierno". 

La propuesta 

Alertó que "la falta de autonomía financiera trajo consecuencias para el organismo, como por ejemplo no contar con un edificio propio y estar alquilando inmuebles desde hace más de 50 años, no poder programar financieramente las actividades, impedimento para tomar decisiones financieras oportunas por desconocer los montos sobre el envío de fondos, lo que también limita las adquisiciones e inversiones del organismo. También el aprovechamiento de los mejores precios y circunstancias con miras a mayor eficacia y eficiencia de la gestión presupuestaria. 

Lo señalado también limita realizar economías presupuestarias y su aplicación a las necesidades del organismo por desconocimiento en tiempo y forma del envío de las remesas de fondos". 

La diputada sostuvo que "la autarquía financiera que propongo tiene por fin asegurar la efectiva y real financiación del presupuesto del Tribunal de Cuentas de manera oportuna, sin que se someta a decisión de funcionario provincial alguno". Asimismo asegura que el porcentaje de los recursos se tomó de la participación de los últimos tres años del Presupuesto del Tribunal de Cuentas sobre el total de recursos que se contabilizan como Rentas Generales.