La discusión de fondo es si el organismo puede hacer juicios de responsabilidad a funcionarios.

La Corte de Justicia de San Juan resolvió rechazar con duros términos el planteo de nulidad que había presentado el presidente del Tribunal de Cuentas, Isaac Abecasis, contra la resolución dictada por el cuerpo que le recortó atribuciones al organismo para enjuiciar en sede administrativa a funcionarios políticos para que paguen con su patrimonio cuando le ocasionen un perjuicio económico al Estado provincial.

En su resolución, fechada el martes 18 pero que tomó estado público ayer, la Corte entendió que el Tribunal no tiene competencia para "intervenir como parte en procesos judiciales" y realizó una dura advertencia a los miembros del organismo de control de las cuentas públicas. Les comunicó que "deberán abstenerse de efectuar presentaciones" como las que tuvo que intervenir el máximo tribunal de justicia provincial y les recordó "el deber institucional de acatar lealmente los fallos que esta Corte de Justicia dicta".

El fallo fue de la Corte en pleno, partiendo de una decisión del cuerpo del 3 de marzo pasado. En ese dictamen, los cortistas por unanimidad determinaron la inconstitucionalidad de un juicio de responsabilidad que llevó adelante el Tribunal de Cuentas de la provincia contra una ex funcionaria que, según había determinado, le había ocasionado un perjuicio económico a las cuentas públicas y debía repararlo con su patrimonio. Fue por la famosa causa Aleco, en el que la ex directora de Turismo de la provincia durante la gestión de la Alianza, María Inés Rico, fue encontrada administrativa y patrimonialmente responsable de la contratación directa de Aleco SRL para que realizara la promoción turística de la provincia. Y la encontró responsable de haberle ocasionado un perjuicio económico a la provincia de 391.500 pesos, que debía devolver de su bolsillo.

En el Tribunal de Cuentas rechazaron la resolución judicial y en respuesta plantearon la semana pasada un incidente de nulidad. El argumento fue que Rico no había agotado todas las vías antes de llegar a la Corte y que se había afectado el derecho de defensa y el debido proceso al no haber puesto en conocimiento al tribunal del planteo.

Pero ahora la Corte lo rechazó y advirtió que con su proceder el organismo "perjudica el regular curso de los procedimientos y del servicio de justicia a cargo de esta Corte".

El Tribunal todavía tiene la instancia de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero las fuentes indicaron que el máximo tribunal no tiene por costumbre intervenir cuando se trata de cuestiones provinciales como ésta.

La cuestión de las atribuciones del tribunal son seguidas de cerca desde Casa de Gobierno porque ya hay un planteo de la Fiscalía de Estado de la provincia sobre el tema.