Publicado: 07-06-2010
 
La delegación fiscal del TC en el Siprosa requirió en dos oportunidades, sin ningún éxito, un detalle de los ingresos correspondientes a marzo. La mora administrativa obligó a los vocales del ente de contralor a firmar un Acuerdo para insistir con el pedido. El ministro de Salud fue sancionado por el caso Funsal.

Tucumán.- El ministro de Salud, Pablo Yedlin, no gana para sustos. Nuevamente, el Tribunal de Cuentas (TC) debió pronunciarse y plantear sus reparos en torno de la administración del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), organismo del que es también presidente.

Precisamente, el lunes se conoció que el órgano de control decidió sancionar al funcionario con una multa equivalente al pago de cinco sueldos por las irregularidades detectadas en la contratación de la Fundación Salud (Funsal), que durante 2009 dictó dos cursos odontológicos. Luego de una meticulosa comprobación sumaria, el tribunal concluyó que hubo "serias irregularidades administrativas y transgresiones legales" en la autorización de un pago de $ 800.000 firmada por Yedlin el 29 de diciembre de 2009, ya que la fundación se constituyó legalmente tiempo después de iniciada la capacitación. Junto con el ministro fueron multados el ex secretario ejecutivo médico del Siprosa, Alberto Sabaj (actual subsecretario), y el director de Recursos Humanos, Daniel Alvarez Garmendia.

Esta vez, debieron intervenir los vocales del tribunal Miguel Chaibén Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal tras un procedimiento de rutina. En rigor, mediante el Acuerdo Nº 1.035, se hicieron eco de los infructuosos intentos de la delegación fiscal del TC en el Siprosa por contar con un informe sobre el ingreso de fondos que tuvo ese organismo en marzo.

En efecto, el expediente Nº 296-270-CFD-09, refiere a la Auditoria Permanente de Fondos del Sistema Provincial de Salud. En ese documento, según consta, el contador fiscal requirió el 8 de abril -por nota- que la Dirección General de Recursos Financieros del Siprosa remita en un plazo de 72 horas "un estado general de los recursos percibidos por el Siprosa durante marzo de este año, con sus correspondientes anexos y desagregativos por cada fuente de ingresos". 

También, pidió que "a los fines del desarrollo de las tareas de verificación y control, se pongan a disposición los registros y la documentación respaldatoria de los ingresos y sus depósitos en las cuentas bancarias respectivas…".

Al no obtener respuesta alguna, el requerimiento formal fue reiterado el 15 de abril (expediente Nº 1304-T-10). Sin embargo, tampoco hubo respuesta del Siprosa. Esto motivó que, en una cuestión de rutina, debieran actuar los vocales del Tribunal de Cuentas. En rigor, en el Acuerdo Nº 1.035 firmado el 28 de mayo, las autoridades del ente de control fueron contundentes. "Corresponde efectuar un nuevo requerimiento en igual sentido y hacer constar que una actitud omisa será interpretada como una obstrucción a las funciones de este tribunal, en el sentido establecido en el artículo 133 de la Ley de Administración Financiera", sostiene el instrumento rubricado por los tres vocales del Tribunal de Cuentas.

Funciones 

La función esencial del Tribunal de Cuentas (TC) es efectuar un control sobre los gastos de la administración pública. Sin embargo, también la ley (de administración financiera) determina que pueden concretar pesquisas respecto de los ingresos. El vocal Sergio Díaz Ricci explicó que antes este tipo de controles se hacían de manera esporádica, pero que desde el año pasado se realizan con mayor regularidad en todas las reparticiones del Estado. Incluso, precisó que la ley no estipula cuál debe ser la periodicidad. "Forman parte de nuestras obligaciones", afirmó.