Ese expediente es una derivación de la causa penal que condenó el año pasado al mencionado ex funcionario a tres años de prisión en suspenso por el pago indebido de sueldos de la Legislatura a personas que no cumplían allí funciones.

Hace una semana, el cuerpo que preside Pedro Casariego decidió imponer esa sanción a Gagliardi en virtud de que transcurridos más de 25 días de la notificación no presentó su descargo ante las autoridades administrativas.

En junio del año pasado el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, solicitó al Tribunal de Cuentas de Río Negro que inicie el juicio contra el ex vicegobernador debido a que se habría generado un perjuicio al erario público estimado en una cifra superior a los 235.000 pesos. Transcurridos varios meses, el 31 de enero de este año notificó a Gagliardi. Luego del cumplimiento del plazo estipulado se declaró la rebeldía.

La denuncia por la existencia de "ñoquis" en la Legislatura fue presentada en 1995, momento en que Gagliardi era vicegobernador de Río Negro y se encontraba protegido por los fueros. Luego fue senador nacional y siguió en la misma situación de protección hasta 2006 cuando en el marco de un juicio abreviado -en el que el imputado acepta la imputación y la pena pedida por el fiscal que conlleva una disminución de los años de sanción- se llegó a una condena.

La Cámara Penal de Viedma lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el pago indebido de sueldos de la Legislatura a personas que no cumplían allí funciones. Además fue inhabilitado a perpetuidad para manejar fondos públicos y privados de terceros por el delito de "fraude a la administración pública".

En total fueron cinco los hechos en los que se dividió esta causa, incluyendo en ellos a distintas personas que cobraron sueldos de la Legislatura entre 1992 y 1995 sin una contraprestación vinculada a la actividad legislativa, mientras Gagliardi ejerció la presidencia de ese cuerpo.