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viernes 3 de septiembre de 2010 00:00
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Por un lado, la Agencia de Protección Ambiental comprueba las infracciones y, por el otro, la aplicación de los cargos es competencia de la Agencia Gubernamental de Control, que se queda con el dinero. Según la Auditoría General porteña, “la superposición del poder de policía se agrava por la inexistencia de canales de comunicación” entre las dependencias.
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Fue en el barrio porteño de Nueva Pompeya, en 2008. La sanción llegó 14 meses después de la denuncia hecha por las autoridades de la institución y comprobada por el área de Seguridad Alimentaria. Según la Auditoría de la Ciudad, la licitación estableció que los controles quedaran a cargo de los concesionarios, que en 2007 no realizaron análisis bromatológicos.
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