Publicado: 19-03-2012 
  
Tierra del Fuego.- La Auditoría General de la Nación (AGN) trabaja un informe sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos de obras sociales, que involucrarían además a la Administración de Programas Especiales (APE) y a la Superintendencia de Servicios de Salud, por lo que la UCR prepara una demanda penal.

El informe será aprobado y difundido recién el miércoles 28, aunque sus principales conclusiones se filtraron en la prensa e indican que existen fraudes millonarios entre el Estado y las obras sociales a partir de múltiples irregularidades, como prestaciones a personas fallecidas, operaciones a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro.

El trabajo, adelantado en el diario Perfil, surge de una investigación (sobre 10.114 expedientes) de la actuación entre 2005 y 2010 de la Superintendencia de Servicios de Salud, encargada de controlar el manejo de fondos entre las obras sociales y el Gobierno; y la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo dependiente del Ministerio de Salud que se encarga de los tratamientos de alta complejidad y de mayor costo.

En diálogo con Noticias Argentinas, el presidente de la comisión de Salud del Senado, José Cano, confirmó que una vez presentado el informe presentará una demanda ante la justicia penal con el apoyo de todo el bloque radical, que en principio apuntará a las autoridades de la Superintendencia y el APE.

«Queda claro que hay una maniobra pergeñada para que los fondos de la salud sean utilizados con otros fines, estafando a los trabajadores, y la responsabilidad mayor la tiene el Ejecutivo que no ha ejercido el control necesario para que esto se ejecute.

Cuando se difunda el informe lo cotejaremos con expedientes del APE en nuestras manos e iremos a la Justicia», indicó Cano.

Incluso, el senador tucumano denunció que existe de parte del Ejecutivo «connivencia para sacar fondos de los trabajadores» y señaló que el ministro de Salud, Juan Manzur, «no puede tener un rol ausente y sin duda deberá dar explicaciones».

En este preinforme se denuncia, por ejemplo, que hay 923 expedientes, que corresponden a 117 beneficiarios que habían fallecido con anterioridad a la fecha en la que se le realizaron las supuestas prácticas médicas: sólo en este aspecto, las obras sociales facturaron 2.195.097 de pesos, que fueron motivo de reintegro de parte del APE.

En este aspecto están incluidas obras sociales de grandes gremios, como Camioneros, Colectiveros, Bancarios, Ferroviarios, Docentes y Mercantiles, entre muchas otras.

También en el caso de operaciones de cadera (un rubro que insumió 13 millones de pesos) se encontraron 694 casos en los que no se pudieron determinar las edades de los beneficiarios, aunque hubo 11 casos en los que las personas presuntamente intervenidas superaban los 100 años, inclusive con personas que supuestamente tenían 178, 137, 128, 121 y 113 años.

Otro aspecto se refiere a las personas con discapacidad: los auditores encontraron que 251 personas con esa condición no contaban con «declaraciones juradas de discapacidad, ni el aval de la historia clínica, o del médico auditor ni se encontró la conformidad del beneficiario o titular».

En el caso de los medicamentos truchos, habría quedado de manifiesto que uno de los ejes del sistema irregular era la presentación de troqueles de remedios falsos: en este caso, no se han pudieron certificar como «legítimos» medicamentos por 4,6 millones de pesos.