Publicado: 03-06-09

El ex ministro de Justicia y Procurador del Tesoro de la Nación, Horacio Rosatti, analizó esta mañana junto a los integrantes de la comisión de Legislación General el proyecto que analiza el cuerpo para crear la Defensoría del Pueblo, instituto que prevé la nueva Constitución provincial. También estuvo presente Marta Benedetto, quien actualmente está a cargo de la Defensoría de Paraná. Al término del encuentro, Rossati descató el nivel de consenso que hay sobre la construcción legislativa de esta figura y aseguró que no es necesario que la Defensoría esté en manos de un abogado.

Rossati calificó de "muy importante" el intercambio con los legisladores de la provincia y aseveró que las iniciativas, tanto la del justicialismo que actualmente debate la comisión y la del radicalismo, que entró hace pocos días, fueron analizadas "desde el punto de vista jurídico, social y la experiencia", dada por los años que lleva funcionando la Defensoría de Paraná.

"Me parece que ha sido un debate muy interesante y muy rico, con un nivel de consenso importante sobre los ejes de la figura. Ojalá que pueda salir y dar cumplimiento a uno de los mandatos de la Constitución", añadió.

También se mostró de acuerdo con la última redacción que se estudia en Legislación, donde la postulación de candidatos la realizan los legisladores y no entidades intermedias. "Que provenga de los legisladores no implica que no tenga voz las organizaciones intermedias que son llamadas a consulta luego. Parecía un poco anárquica la propuesta original donde había, potencialmente, infinidad de posibles postulantes", apuntó.

Su aporte a la iniciativa estuvo circunscrito a un análisis de constitucionalidad y, desde esa perspectiva argumentó que no hay contradicción entre el texto en estudio y la Constitución provincial. A esto se suma la "experiencia de cada uno. Me parece bien, como lo dice el proyecto, que no haya un análisis de mérito u oportunidad de las decisiones porque se puede convertir (a la Defensoría) en una instancia deliberativa", dijo.

"Pondría un poco más de énfasis en que el defensor pueda concentrarse en aquellas fallas o disfuncionalidades que son sistemáticas y generales y que revelan, a partir de la experiencia de las denuncias, una actuación sistemáticamente defectuosa, de la administración pública", indicó.

El constitucionalista puso el acento durante la conversación con los representantes entrerrianos si el ámbito de incumbencia de la Defensoría al hablar de administración abarca sólo al Ejecutivo como Poder administrador del Estado, o comprende también a las áreas administrativas de los demás Poderes y órganos estatales.

Esta ambivalencia o equivocidad, que puede llevar a tener que producir una interpretación judicial de la normativa, puede ser resuelta "en el texto legal se puede incluir o excluir, es válida cualquiera de las dos hipótesis, expresamente cualquiera de las dos es una decisión prudencial de los legisladores".

Rosatti recordó que la norma nacional que regula este instituto excluye a las administraciones de la Justicia y de la Legislatura

"El Defensor del Pueblo está para defender en casos concretos y específicos los derechos de la gente. Cuando se designa al primero, la persona hace un poco al órgano: las primeras experiencias son importantes. Esta no es una oficina anticorrupción, aunque pueda detectar corrupción. Es un órgano al servicio de la gente para resolverle los problemas", afirmó.

Rosatti había mencionado durante la charla que el proyecto que se analiza en comisión, al dejar la designación en una votación especial en cada Cámara por dos tercios del total, podía llevar a una situación en la que Diputados elija a uno y Senadores a otro, sin que exista especificación en cuanto a qué cámara tiene prelación.

Luego, remarcó que "no necesariamente (el Defensor) tiene que ser un abogado. Tiene que ser una persona con sensibilidad y sentido común. Si tiene conocimiento legislativo y jurídico, bárbaro, si no se hará asesorar. Lo importante es la sensatez, el sentido común y la sensibilidad. Estos atributos no forman parte del patrimonio exclusivo de los abogados", concluyó en declaraciones a APF.