El avance del oficialismo en la Auditoría General de la Nación se suma a otros intentos similares en otros órganos de control del Gobierno.

Así, el Consejo de la Magistratura, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Oficina Anticorrupción (OA), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y la Defensoría del Pueblo de la Nación sufrieron recortes de funciones o estocadas por parte del kirchnerismo.

"Es sistemático, es parte de una estrategia de no permitir que la oposición controle al oficialismo, lo cual es básico en cualquier sistema republicano de gobierno", se quejó el diputado Oscar Aguad, jefe de la bancada radical.

El caso más notorio, o de mayor repercusión pública, en su momento, fueron los cambios en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de promover la selección y remoción de jueces.

En un proyecto que logró imponer en el Congreso, pero que generó la primera movida opositora conjunta contra el kirchnerismo, el oficialismo bajó hace tres años de 20 a 13 el número de miembros del Consejo.

La movida concentró el poder en las mayorías, neutralizó a las minorías y permitió a los representantes políticos del oficialismo de turno bloquear por sí solos votaciones claves como la promoción del juicio político de un magistrado.

"El argumento era agilizar el trabajo, pero ahora hay iguales o peores demoras que antes", se quejó la diputada Marcela Rodríguez, ex representante del ARI en el Consejo. Su colega, pero oficialista, Diana Conti defendió la reforma, y dijo que el Consejo "adquirió notoriedad pública y dejó de ser un órgano cerrado y encriptado".

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) quedó en la mira después que allí fuera designada como directora adjunta la esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido en el 2003. Alejandra Minnicelli finalmente dejó ese cargo con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la Presidencia.

Pero hubo otras movidas sutiles y no tan sutiles. El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció a fines del año pasado una supuesta maniobra para quitarle poder y dejarlo sin participación en las causas penales en las que se encuentran denunciados funcionarios públicos.

Garrido se cruzó fuerte con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien defendió la resolución que el fiscal objetaba y dijo que éste podía actuar en cualquier tipo de causa, ya que su disposición fue para ordenar el trabajo de los fiscales y que no hubiera superposición de tareas.

Por su parte, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, está convencido de que el kirchnerismo no le renovará el mandato en su cargo, que vence este año y depende de una ratificación parlamentaria.

Finalmente, la Oficina Anticorrupción, creada por el gobierno de la Alianza, sufrió diversos recortes de presupuesto y personal y hasta de facultades para sus investigadores. Y ahora, parece, le tocó el turno a la AGN.