Publicado: 24-03-2010
 
Tucumán.- La fiscala Carrizo solicitó la apertura de la investigación jurisdiccional y el juez Pisa se excusó. El pedido para que se investigue a Yedlin por la autorización de un pago de $ 800.000 a la Fundación Salud fue derivado ahora al juez Víctor Manuel Pérez.

Cuando parecía que la investigación se encaminaba, otro incidente frenó el avance de la causa referida al convenio por $ 800.000 en cursos de capacitación sobre endodoncia entre el Siprosa y la Fundación Salud (Funsal).

Después de 35 días de haber recibido la denuncia, y conflicto de actuación con su par Carlos Sale de por medio, la fiscala María de las Mercedes Carrizo formuló ayer la requisitoria penal, que incluye una serie de medidas tendientes a iniciar las pesquisas. Por ejemplo, la funcionaria consideró pertinente que la Justicia se haga de una copia del expediente oficial, mediante la cual el ministro de Salud, Pablo Yedlin, autorizó el pago en favor de la fundación, pese a que esta se inscribió para facturar tres meses después de haber iniciado el dictado de los ciclos al personal del Siprosa.

Sin embargo, ayer, apenas recibió el expediente, el juez de la III Nominación, Francisco Pisa, se excusó y derivó el pedido fiscal a su par de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez. En la decisión de Pisa influyó una ampliación de la denuncia que presentó el abogado Oscar López (peronismo disidente). En el escrito, López recordó que en 2005 una denuncia suya, referida a la regulación de honorarios por $ 1,5 millón al abogado Walter Ibri (por una supuesta gestión extrajudicial), fue archivada con el argumento de que, al haberse frenado el pago, no se había consumado el presunto delito.

La excusación del juez Pisa abre un nuevo interrogante respecto de la marcha de la investigación, que indefectiblemente debe ser autorizada por un magistrado. Esto, a raíz de que uno de los denunciados (el ministro Yedlin) tiene privilegios constitucionales. En estos casos, el Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) fija que el fiscal debe solicitar previamente el inicio de una investigación jurisdiccional.

Además de Pisa, la propia fiscala Carrizo se había excusado inicialmente de intervenir en la denuncia y había girado el expediente a Sale. Este también se excusó y requirió dictamen a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que finalmente devolvió la competencia a Carrizo. 

Comprobación sumaria

Mientras en la Justicia la causa no registra avances, en el Tribunal de Cuentas (TC) se sustancia la comprobación sumaria ordenada mediante el Acuerdo Nº 188.

El órgano de control cuestionó que el listado de estudiantes (odontólogos y auxiliares del Siprosa) no haya sido acompañado por el número de DNI de cada uno, como así tampoco de una constancia de la Dirección de Personal que acredite su pertenencia al Siprosa. Además, observó que el Ministerio de Salud no haya adjuntado la nómina de profesionales que dictaron la capacitación en endodoncia. 

También, el TC advirtió sobre las incongruencias entre la fecha de inicio de los cursos (12 de mayo de 2009), la de inicio de actividades de la Fundación Salud (2 de julio) y del convenio con el Siprosa (19 de agosto). 

Paralelamente, LA GACETA dio cuenta de la relación entre el presidente de Funsal, el chileno Héctor Silva Olivares, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Raúl Penna. En rigor, el teléfono de la sede social fijada por Funsal está a nombre de Penna.