Durante los seis años que Ricardo Jaime estuvo al frente de la Secretaría de Transporte, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó casi treinta informes que hablaban de las serias irregularidades en el funcionamiento de ese organismo que fue, desde sus inicios, un área central del gobierno kirchnerista.

Cada una de las auditorías de la AGN señaló lo que luego se hizo aún más visible en los 26 mil mails enviados y recibidos por Manuel Vázquez, el asesor de mayor confianza de Jaime, que gestionaba comisiones a las empresas que ganaban millonarias licitaciones en Transporte.

Sin embargo, durante todo ese tiempo, hubo tibias repercusiones desde los poderes del Estado: Jaime permaneció en su puesto hasta julio del 2009, el Congreso no avanzó en investigaciones concretas, y sólo prosperaron las causas judiciales sobre su patrimonio y su vida de lujo. En ese sentido, el titular de la AGN, Leandro Despouy, opinó que "lo mas alarmante es la inacción de quienes tienen a su cargo la administración del Estado no obstante la gravedad de las observaciones y señalamientos realizadas por la AGN a lo largo de la gestión del ex funcionario".

Desde 2004, según pudo constatar la Auditoría, hubo inconsistencias de todo tipo que fueron responsabilidad no sólo de la secretaría de Transporte sino también, según la AGN, de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CNRT). Entre los ejemplos más graves está el de los controles de la Terminal de Retiro, concesionada a Néstor Otero, un empresario al que Jaime le extendió la licencia por la Terminal hasta 2015 y que fue procesado por el delito de dádivas. La investigación del juez Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo pudo confirmar que Otero le pagaba al ex funcionario los alquileres del lujoso departamento de Libertador y Cerrito donde vive el ex secretario de Transporte cuando se encuentra en Capital. Además, a través de los correos electrónicos de Vázquez -revelados por Clarín-, se supo que Otero contrató a una empresa del hermano de Jaime -Comfear S.A.- para pavimentar algunos tramos de Retiro.

Bajo la resolución 48/2008, la Auditoría concluyó que a Otero le ampliaron la concesión a través de un proceso lleno de irregularidades. Según dice el informe, se prescindió de "la celebración de mecanismos de consulta pública y la Autoridad de Aplicación accedió a la solicitud de prórroga del contrato sin ponderar la conducta de concesionario". Además encontraron que en el cálculo de multas pendientes por incumplimientos en el contrato se omitió considerar las penalidades.

En el rubro ferroviario, la AGN controló los subsidios otorgados por Transporte a los concesionarios para la ejecución de obras.
Uno de los mayores escándalos derivados de los mails de Vázquez es el proceso de compra de trenes a España y Portugal. Se trataba de acuerdos entre Estado y Estado que, del lado argentino, eran coordinados personalmente por el asesor de Jaime. En los mails de ida y vuelta con Madrid se habla de pagos de "costes políticos" y hasta se detallan los conceptos a facturarse para "esconder" estas comisiones.

En los correos también se describen las visitas oficiales de Jaime a España acompañado de los principales concesionarios como es el caso de Claudio Cirigliano, dueño de Cometrans quien, según escribió el socio de Vázquez en un mail, "es un chulo insoportable que da por hecho que las reparaciones las van a hacer ellos".

Una vez en Argentina, la compra de ese material ferroviario fue motivo de otras polémicas porque debían ser refaccionados en el país para poder funcionar. El negocio fue, efectivamente, entregado a los concesionarios. En ese contexto, la AGN estudió la obra de reconstrucción y remodelación de 67 coches eléctricos. En la resolución 206 del 2009, los auditores concluyeron que se realizaron "adjudicaciones directas a los concesionarios, autorizándose simultáneamente la subcontratación de los trabajos por parte de éstos". Así, encontraron que se había transgredido una resolución de la propia Secretaría de Transporte que dispone que en todos los casos el prestador realizará las contrataciones conforme los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y competencia de precios, con arreglo a las disposi
ciones de ese procedimiento.

El listado de irregularidades detectadas por la AGN abarca también la gestión como el Sistema de Protección Integral de Discapacitados. A pesar de que la ley así lo ordena, los colectivos incumplieron los planes de adaptación a las personas en sillas de ruedas y los trenes ni siquiera empezaron a un proceso de adaptación.