Publicado: 20-03-2010

Una fiscala investiga un acuerdo entre el Siprosa y la Fundación Salud.

Tucumán.- La fiscala María de las Mercedes Carrizo se dedicará durante el fin de semana a definir los términos de la requisitoria penal que, en principio, le elevará el lunes al juez de la III Nominación, Francisco Pisa, en torno al frustrado pago de $ 800.000 a la Fundación Salud (Funsal) por cursos de capacitación en endodoncia a odontólogos del Estado y particulares.

La funcionaria penal está al frente de la investigación jurisdiccional que se realiza sobre la causa que involucra al Sistema Provincial de Salud (Siprosa), por haber concertado y realizado actividades con la Funsal, pese a que esta fundación no tenía reconocimiento estatal como persona jurídica. Las falencias administrativas fueron detectadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que bloqueó la salida del dinero del erario, y evitó, de esa manera, un daño patrimonial a la Provincia.

Carrizo le solicitará a Pisa que motorice la investigación a partir de la solicitud del expediente oficial, medida que sólo puede ser ordenada por el magistrado. En ese documento debe figurar el convenio suscrito entre el ministro de Salud (en calidad de presidente del Siprosa), Pablo Yedlin, y el titular de Funsal, el odontólogo chileno Héctor Silva Olivares, para la realización de capacitaciones a especialistas con técnicas de avanzada. También se pretende determinar el vínculo entre esa fundación y funcionarios públicos de esa cartera estatal y/o del Ministerio de Salud de la Nación, por lo cual se pedirán copias del estatuto y de su nómina de autoridades al Registro de Personas Jurídicas.

Organo de contralor

Se evalúa la oportunidad de requerir al Tribunal de Cuentas las copias formales de los acuerdos que emitieron sobre este tema, en momentos en que se sustancia en esa dependencia una comprobación sumaria a raíz de las irregularidades detectadas.

Las conclusiones de esta investigación deberían ser comunicadas a la Justicia.