Río Grande.- En una verdadera telaraña judicial ha entrado el caso de inconstitucionalidad del presupuesto 2010, sobre lo cual existen cinco expedientes en trámite; tejiéndose excusaciones y recusaciones de quienes deben resolver porque en muchos casos (los jueces) no serán imparciales a la hora de determinar los cuestionamientos.

A la decisión de los jueces Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Muchnik y María del Carmen Battaini, de excusarse de actuar en las causas; se ha sumado la resolución de los miembros de la Fiscalía de Estado, que también se apartaron y obligaron al Ejecutivo a designar a una persona ajena al organismo para que ocupe una subrogancia.

Mediante decreto 634/10 se designó a la doctora Patricia Perla Freyre, quien reviste en el nuevo escalafón EPU (Escalafón Profesional Universitario), para actuar en el expediente iniciado por el Superior Tribunal y otro que promueve el Tribunal de Cuentas. Además, se la faculta a actuar en otros casos donde también el titular y adjunto de la Fiscalía de Estado se excusen de actuar.

En tanto, con la decisión de los integrantes del máximo tribunal de actuar, ahora el caso teje uno a uno los hilos de excusaciones, porque ningún juez que esté en funciones podrá actuar, debido a que está alcanzado por el planteo realizado ya que importa a los recursos con los cuales se le pagarán sus emolumentos. 

Esto, directamente obligará a recurrir al listado de conjueces que se ha aprobado por acordada en el Superior Tribunal de Justicia. Aunque en ese ámbito tampoco se descarta que puedan existir apartamientos.

Razones para apartarse

La Fiscalía de Estado ha iniciado una acción declarativa de certeza a los efectos de determinar los alcances y el contenido del tope salarial que se impuso en el presupuesto 2010 y que fue declarado inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia. 

Esto fue lo que motivó que el doctor Juan Martínez de Sucre, titular de la Fiscalía de Estado y el adjunto, Ricardo Francavilla, plantearan su imposibilidad de asumir la representación judicial de la provincia en las dos causas que promueve el Superior Tribunal y el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Ahora bien, cabía la posibilidad que el cuerpo de abogados que tiene la Fiscalía de Estado pueda asumir la subrogancia, pero por una cuestión de ética y decoro, también resolvieron apartarse los abogados Maximiliano Tavarone, Pedro Mullión, Mariana Amanda Cruz y Maximiliano Malnati.

Ocurrida esta situación, la Gobernadora ordenó a la Dirección General de Recursos Humanos que suministre la nómina de abogados de la planta permanente del Poder Ejecutivo, que reúnan los requisitos legales para poder actuar en subrogancia. Ese perfil lo reunió la doctora Patricia Perla Freyre.