Publicado: 03-03-2013

Tras desplazar al ex magistrado Luis Armella por presuntas irregularidades en la ejecución de obras, la Corte Suprema de Justicia resolvió dividir la competencia de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y la adjudicó a dos nuevos jueces.

A fines de 2012, el máximo tribunal resolvió dejar fuera de la causa al juez federal de Quilmes por irregularidades en la contratación de empresas para las obras de saneamiento. El gobierno nacional lo había denunciado, dejando en claro que el modus operandi de Armella consistía en fijar plazos brevísimos para la realización de obras y en realizar contrataciones directas que beneficiaban a un grupo de empresas que estaban relacionadas entre sí y que también estarían vinculadas al propio magistrado.

La Auditoría General de la Nación elaboró un informe, por pedido del máximo tribunal, en el que se ratificaban los hechos, en particular la firma de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar. La Corte dispuso, además, denunciar penalmente a Armella y decidió promover una investigación contra el magistrado en el Consejo de la Magistratura.

En este marco de acontecimientos y con fundamento en la "complejidad" del expediente, el más alto tribunal adjudicó la causa por el saneamiento a dos juzgados diferentes. El Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres, que tendrá bajo su responsabilidad el "control de los contratos celebrados o por celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de agua potable, cloacas y del tratamiento de la basura, y el Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N° 2 de Morón, cuyo titular es Jorge Rodríguez, estará a cargo de las restantes competencias.

La cuenca Matanza-Riachuelo, de unos casi 70 kilómetros de extensión, alberga a más de siete millones de habitantes que conviven en condiciones habitacionales y ambientales adversas. Allí hay más de 3500 establecimientos industriales radicados que contribuyen a la histórica contaminación de la cuenca, cuya población toma agua de pozos subterráneos conectados con el río.

Quizá no se advierta la magnitud del problema que está en juego, ya que continúa prevaleciendo una política de coyuntura frente a la cual todos los demás problemas parecen ajenos a la realidad: a casi cinco años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Mendoza" y a pesar del expreso mandato judicial, el curso fluvial todavía se encuentra inserto en un lento proceso de recuperación y con un presupuesto recortado para este 2013, según informó el Gobierno. No es novedad que la experiencia en la utilización de fondos que deben ser utilizados para la protección ambiental y resultan destinados a otros fines es un hecho reiterado en la Argentina. Es que el tema carece de interés político.

Es de esperar que la división de la causa no traiga aparejados "conflictos de competencia o fallos contradictorios", lo que significaría un retroceso en el saneamiento de la cuenca. Sanearlo es posible, pero sin decisión ni recursos el río no puede solo.