Publicado: 27-06-2010
 
Tucumán.- Las consecuencias de la investigación administrativa sobre el convenio firmado entre el Siprosa y la Fundación Salud (Funsal) siguen generando debates. Ahora la discusión pasa por si el ministro de Salud, Pablo Yedlin, cumplió la orden dada por el Tribunal de Cuentas (TC) en su acuerdo 990, para que se determinen y meritúen las responsabilidades de cuatro miembros del Siprosa que son también integrantes de Fundación Salud (Funsal), desde su conformación.

Ayer, el jefe de la Oficina de Prensa del Siprosa, Ricardo Bocos, informó oficialmente que la conducta de los empleados estatales Luis Francisco Chincarini, Christian Guillermo Cúneo, Pedro Eusebio Sisali y Julio Walter Fernando Paz "está siendo evaluada en el marco de la investigación sumaria administrativa dispuesta a través de la resolución 104, del 17 de marzo de este año, que actualmente se encuentra en trámite" en esa dependencia estatal. 

En su explicación, Bocos precisó que el Siprosa incorporó formalmente a ese expediente el acuerdo 990 del TC, del 21 de mayo, por medio del cual se sancionó a Yedlin con una multa y se le impuso que analice el comportamiento de sus conducidos. En contraste, fuentes oficiales del Siprosa le habían precisado el viernes a LA GACETA que no había ningún proceso administrativo interno en marcha respecto de los empleados aludidos. 

El TC advirtió que debían remitirle las conclusiones de sus actuaciones para obrar en consecuencia, ya que su accionar podría ser violatorio del Estatuto del Empleado Público y, eventualmente, haberle causado perjuicio al erario.

El caso Funsal nace del convenio de capacitación firmado por Yedlin con esa institución para el dictado de cursos de endodoncia por $ 800.000, antes de que la fundación obtuviese su personería jurídica (reconocimiento fundamental para poder actuar). El TC determinó que hubo "serias irregularidades administrativas y transgresiones legales" en la ejecución de los compromisos, por lo cual multó al ministro con el equivalente de cinco sueldos. La misma sanción recayó sobre Alberto Sabaj y Daniel Alvarez Garmendia, sus cercanos colaboradores.