La alternativa judicial sería el camino para forzar al gobierno a entregar documentación fundamental para el análisis del contrato, mediante un amparo de acceso a la información. Paradójicamente, fue el ARI el partido que promovió la ley de acceso a la información a fines de 2004 y, de no acatar las intimaciones del órgano de control, tendrá que responder a la justicia. Tampoco se descarta una interpelación de la Legislatura a la gobernadora Ríos, por los mismos motivos.

Río Grande.- Las advertencias del Fiscal de Estado sobre las consecuencias del convenio con la empresa de capitales chinos fueron tomadas seriamente desde el Tribunal de Cuentas, otro de los organismos que tiene la responsabilidad y obligación constitucional de controlar las acciones del gobierno.

Sin embargo la tarea no les resulta fácil por las dificultades en el acceso a la información oficial, al punto de analizar un amparo judicial para obtener copia certificada del acuerdo, entre otra documentación fundamental para el análisis.

Así lo dio a conocer el presidente del Tribunal, el contador Claudio Ricciuti, quien dejó claro, tras las acusaciones de funcionarios del oficialismo, que de ninguna manera se intenta poner "palos en la rueda" para concretar estas inversiones.

"Yo aplaudo la idea de dar valor agregado al cobro de regalías", dijo Ricciuti, quien fue además Ministro de Economía del ex Territorio en 1986, cuando también se intentó dar curso a un proyecto de instalación de una planta de metanol, que no prosperó por desacuerdos con Nación por el precio del gas.

"A aquellos que ven como palos en la rueda los requerimientos que formula el Tribunal de Cuentas, debo decirles que, de no aclararse las dudas que se han generado en torno a esta contratación, probablemente estemos en el escenario que plantea el Sr. Fiscal de Estado", agregó, en referencia al pronóstico de 'catástrofe' que aportó el Fiscal Martínez de Sucre.

Ricciuti lamentó las críticas de algunos funcionarios al Tribunal y aseguró que "lo único que pretendemos es contar con la documentación necesaria para que, llegado el momento, la provincia cuente con los mayores cobijos. No hay que olvidar que en una relación de 25 años como la que se pretende formalizar, habrá desacuerdos que tendrán que ser dirimidos, y qué mejor entonces que tener toda la documentación que permita un buen posicionamiento a nuestra provincia. Ese es el norte con el que se desenvuelve el Fiscal de Estado y el Tribunal de Cuentas", subrayó.

A ciegas

Las dudas no se plantean luego de analizar la documentación, sino porque ni siquiera fue remitida. Lo afirmó Ricciuti dando cuenta de la imposibilidad del personal técnico para avanzar en esas condiciones.

"No se dan las explicaciones como debe ser. El expediente que nos arrimaron desde el Poder Ejecutivo es muy pobre. Carece de informes técnicos, jurídicos, contables; plantea una situación precaria por parte de la empresa en cuanto a su capital y su relación con la inversión que propone realizar; no vemos que se haya hecho un estudio sobre el proyecto de inversión de la empresa; y hemos visto uno muy precario, sin fecha ni firma, pero no vimos el análisis que sobre el mismo debe hacer el Estado", enumeró.

El contador aclaró que esto no implica que toda esa documentación no exista, sino que simplemente no está en el expediente y, "para nosotros, lo que no está en el expediente no existe. Por ese motivo sostuvimos que con los escasos elementos enviados y la falta de informes técnicos y legales correspondientes, la responsabilidad de la Provincia y sus intereses no encontraban adecuado cobijo, y advertimos la existencia de cláusulas del acuerdo que exorbitan los parámetros establecidos en la Ley. Y eso fue dicho y notificado el 29 de abril", precisó.

A casi un mes y medio de esa notificación no hubo novedades. Ricciuti advirtió que se trata de "una operación millonaria y de una relación de 25 años que mantendrá el Estado con un particular", y en especial destacó que esta operación involucra "una alta porción de los ingresos que la provincia obtiene por la explotación de sus recursos naturales, que no se renuevan con el éxito o fracaso empresarial de un administrado. Estamos hablando de ofrecer en contraprestación parte de la soberanía, por eso se llaman Regalías", enfatizó.

Necesidad imperiosa

Según informó el miembro del Tribunal, en el expediente "sólo se puede apreciar la escasa y escueta intervención de tres funcionarios, donde no se han incorporado los informes y opiniones de las diferentes áreas que, sucesivamente, podrán haber dado su valor agregado al respecto".

Apuntó que toda esta documentación que el organismo considera necesaria será la que "protegerá jurídicamente a la Provincia durante los 25 años de vida que tendría su relación con la empresa" pero, a la luz de los hechos, "una operación como la que estamos hablando no puede ser elevada a la firma de la Sra. Gobernadora con la misma precariedad con que ha sido remitido al organismo de control", sentenció.

No obstante optó por otorgar el beneficio de la duda y dejar abierta la posibilidad de que la documentación respaldatoria existe y sólo ocurre que no ha sido remitida.

Igualmente, Ricciuti señaló que "mi trabajo no se basa en una cuestión de fe y por lo tanto necesitamos imperiosamente que los funcionarios remitan toda la información".

Actitud incomprensible

La negación de información por parte de un partido que llevó entre sus banderas el derecho de acceso, al punto de promover una ley que resultó aprobada en diciembre de 2004, no se explica y también resulta incomprensible para los entes de contralor: "No entiendo la actitud de algunos funcionarios que, sabiendo de la importancia de lo que estamos requiriendo, no entregan la documentación -confesó-. En ocasiones pienso que algunos funcionarios nos toman por lo que el diccionario del lunfardo describe como tonto (léase el término que De Angelis recientemente eligió para calificar a Kirchner y que Riciutti reemplazó con un sinónimo más diplomático), pero en esto hay que ser muy cautelosos, porque están en juego los intereses de la Provincia. Yo tengo una teoría -aventuró tratando de poner algo de humor en un complejo problema-: los fantasmas no existen y cuando hay dudas, no hay nada mejor que encender la luz. En este caso, lo mejor que podrían hacer los funcionarios es aportar toda la documentación y punto, chau fantasmas".

La alternativa judicial

En otro tramo de sus declaraciones, el contador compartió la opinión del legislador Ricardo Wilder, que había considerado sospechosa tanta demora en la entrega de información, dando a conocer la intención de promover una interpelación a la gobernadora Ríos si persiste esta actitud.

"No puedo menos que compartir la opinión del legislador, dado que no resulta para nada lógico que pasados más de cuarenta días de un depósito realizado por el particular, en las arcas del Estado, lo que hace presumir la vigencia de un acuerdo -observó Ricciuti-, ni la Legislatura ni el Tribunal de Cuentas Provincial están formalmente notificados de los alcances de un acuerdo millonario. Si la documentación la tenían cuando tomaron la decisión, ¿por qué no la entregan a los organismos de control, encendemos la luz, aventamos todos los fantasmas y cada uno a lo suyo?", preguntó Ricciuti casi como un desafío a terminar con postergaciones innecesarias.

Sin embargo los tiempos se acortan y las trabas del camino no desaparecen, por lo cual queda la vía judicial, que fue mencionada por el contador como una alternativa en estudio.

"En las últimas semanas recibimos una citación del Poder Legislativo que tenía por fin la conformación de una reunión que luego fue postergada a pedido del Poder Ejecutivo. También hemos recibido una nota del Secretario de Hidrocarburos donde manifestaba que en la semana del 11 al 15 de mayo remitirían la documentación, hecho que no se concretó. Luego hubo una solicitud de prórroga por parte de los funcionarios de la misma secretaría, y hemos otorgado un plazo de 72 horas a fin de que nos hagan llegar copia certificada del acuerdo suscripto y el decreto que lo ratifique.

Todavía no hay nada, y seguimos recabando información por otros conductos, analizado documentación que nos envió el Fiscal de Estado. A mi juicio los tiempos ya se han agotado y, en caso de no contar con el material de análisis en los próximos días, será necesario recurrir a otros resortes legales con ese fin", anticipó Ricciuti.

Esos resortes serán la vía del amparo para el acceso a la información, con una sentencia que puede resultar ejemplificadora para una negación sin precedentes de información fundamental: "De no obtener respuestas por parte de los funcionarios, se podrá solicitar al Ministerio Público Fiscal que formalice la pertinente acción para obtener, por la vía que considere factible, por lo menos una copia certificada del acuerdo de partes debidamente registrado, y del decreto por el cual fuera ratificado el instrumento mediante el cual han quedado plasmadas las obligaciones y derechos emergentes", indicó el contador.

Lo cierto es que hasta ahora el Tribunal no sabe si el acuerdo existe o es un proyecto, puesto que "formalmente el Tribunal no ha sido informado al respecto por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, por presunciones, y me refiero a que el depósito de fondos podría hacer presumir el perfeccionamiento del acuerdo, podría ser que el acuerdo de partes haya sido firmado", señaló, aunque resulte llamativo que no exista siquiera esa certeza.

"Esto es lo que hace difícil hablar del tema, porque una cosa es referirnos a un proyecto de acuerdo, donde existe toda la posibilidad de modificar los errores, y otra muy diferente es hablar de un contrato vigente", concluyó.