La Justicia , detrás de 800.000 pesos

RIO GRANDE.- Los empleados de la sucursal Río Grande del Banco de Tierra del Fuego no lo podían creer. Eran las 16 del martes 2 del actual y $ 800.000 pesos no aparecían en el arqueo de caja. Hasta que el subtesorero Walter Caraballo reconoció que había transferido el dinero a pedido de Norma García, familiar de uno de los hombres más cercanos al ex gobernador Hugo Cóccaro.

El resultado: a las pocas horas Caraballo quedó detenido e incomunicado por orden de la Justicia, y García pasó a ser sospechosa de ser la punta de una madeja que conectaría a ex funcionarios con irregularidades financieras de larga data.

En principio, el dato que Caraballo declaró a la Justicia, y que consta en su declaración judicial -que García pidió comprar letras de tesorería con ese dinero-, acerca la lupa a uno de los negocios que el gobierno de Fabiana Ríos y la Justicia investigan con todo celo: irregularidades en la compra y la venta de esos bonos, emitidos por Cóccaro para pagar deudas con proveedores a mediados del año último, luego de perder las elecciones a manos de la candidata de ARI, por un valor cercano a los $ 150 millones.

El Banco de Tierra del Fuego frenó, en enero último, la entrega de préstamos a tenedores de esas letras, salvo que fueran sus dueños originales. "Sospechamos que grandes peces compraban las letras a precio más bajo, ponían testaferros y obtenían préstamos con esos papeles", contó a LA NACION una fuente bancaria que conoce de cerca el caso. La Fiscalía de Estado dio la razón a las sospechas y desconoció su valor. El responsable de las operaciones, el ministro de Obras Públicas de Cóccaro, Horacio Sosa, está procesado y con pedido de captura desde hace meses.

El último comprador de esas letras del Estado fue Fernando Arrebola, según consta en un informe de la Auditoría General de la Nación. Fue detenido luego de cobrar $ 1,8 millones, reconoció ante la Justicia que prestó una factura a otro particular que aún no identificó y admitió que no era proveedor del Estado.

El camino conduce, otra vez, al gobierno anterior. García es la cuñada de Horacio Sotomayor, jefe de Contrataciones de Cóccaro y que, según el ex gobernador Jorge Colazo, fue el encargado de reclutar un sicario para intentar asesinarlo en 2005.

El problema fue, además, que los $ 800.000 aparecieron en las cuentas que Cóccaro y su hermano Abel tienen en el banco. "No son movimientos hechos por nosotros y no hemos autorizado a nadie para ese manejo de fondos", afirmó el hermano del ex gobernador al diario Provincia 23.

En el banco llamó la atención que los Cóccaro, que tienen una constructora reconocida en la provincia, recién denunciaran movimientos extraños en sus cuentas el viernes 5. Recordaron que el ex gobernador fue, durante años, el mayor deudor de la entidad financiera, incluso durante su período al frente del Ejecutivo provincial.

Mientras el ministro de Economía, Roberto Crocianelli, logró sacar de circulación unos $ 40 millones de letras, el banco analiza presentarse como querellante y demandar a Caraballo por peculado, delito no excarcelable.

"Hay delitos económicos que, lamentablemente, no son de cumplimiento efectivo. Pero hay una demanda social, la gente quiere ver resueltas situaciones que, a la vista de todos, son delictivas", afirmó a LA NACION la gobernadora Fabiana Ríos.