Publicado: 23-05-2011

Santa Cruz.- El diputado Daniel Pandolfi presentó el miércoles en la Legislatura el proyecto de ley que propone la creación de la Auditoria General Médica de la provincia, la cual tendrá por objeto el análisis de las licencias por enfermedad otorgadas a la totalidad de los agentes de la Administración Pública Provincial, independientemente del régimen al que pertenezcan, como así también las relacionadas con la atención de familiar enfermo. La misma estará bajo la dependencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El proyecto había sido anunciado en la última sesión por el diputado por el pueblo de Puerto San Julián. Además la iniciativa establece que la Auditoría General Médica actuará de manera preventiva sobre las licencias concedidas por el área de Reconocimientos Médicos provincial, y particularmente sobre aquellas que denoten una marcada sucesión de permisos y las declaradas enfermedades de largo tratamiento, para lo cual efectuará las visitas domiciliarias y/o juntas médicas, según corresponda, que le permita emitir opinión profesional respecto del estado de salud del agente y el término de la licencia aconsejada, emitiendo el Certificado Médico Oficial, el cual se entregará al agente con copia a Reconocimientos Médicos, se establece en el proyecto.

También se indica que independientemente del régimen al que el agente auditado pertenezca, se establece un total de veinte días anuales permitidos para usufructuar licencias por enfermedad, los cuales se encontrarán exentos de revisión por parte la Auditoría General Médica.

El proyecto, que es acompañado por sus pares de bloque Alejandro Guillermo Victoria, Miriam Analía Aguiar y Néstor Santiago Méndez, también establece que los certificados médicos que convaliden los pedidos de licencia por enfermedad de corta duración y/o por atención de familiar enfermo, podrán ser extendidos por profesionales dependientes del sistema público de salud, o por privados, debiendo en ambos casos contar con la documentación respaldatoria que acredite la concesión de los días sugeridos para ausentarse de su puesto de trabajo.

En otro de los artículos se indica que en caso de no contar con la documentación que justifique el estado de enfermedad del agente o del familiar atendido, se suspenderá automáticamente el permiso de licencia, será de aplicación el régimen disciplinario vigente para cada agrupación o repartición del Estado al que corresponda y se establecerán por vía reglamentaria las sanciones a aplicar al profesional certificante que incurra en omisión o en falsedad de los datos suministrados.

Además, a los efectos de preservar el derecho de los trabajadores, la Auditoría General Médica, al momento de convocar a Junta Médica para analizar la particularidad de un caso, invitará al agente involucrado o quien éste designe para formar parte del análisis, proceso y dictamen final que se produjese.
Indices de ausentismos en sus fundamentos, Pandolfi resalta que "es bien sabido que la salud de nuestra población es una prioridad de gobierno, y la de los agentes públicos tiene principal injerencia principalmente en la prestación de servicios que desde la administración se proporcionan a la población en todos sus ámbitos, siendo los más destacados y prioritarios la salud y la educación. Cometer fallas o incurrir en omisiones en estos ámbitos tiene principal efecto sobre los sectores más vulnerables de la población y desde el Estado debemos garantizar una buena y eficiente salud y educación, como servicios prioritarios".

En este sentido, en el proyecto el legislador del oficialismo destaca que "sin lugar a dudas, impulsar medidas que tiendan a mejorar los controles de los elevados índices de ausentismo registrados en los últimos tiempos, es una necesidad para resguardar el derecho de muchos, y debe ser abarcativo a todos los sectores de la administración, considerando los cuantiosos e innumerables esfuerzos que año a año el Estado Provincial realiza invirtiendo cada vez más recursos en personal e infraestructura.

Hablamos de prestaciones básicas, no de lujos a los que sólo quienes poseen recursos económicos pueden acceder, por lo cual consideramos que el Estado se encuentra en su total derecho de exigir el cumplimiento de las funciones para las que los agentes son remunerados y minimizar al máximo las ausencias injustificadas de algunos pocos irresponsables a los que sólo les interesa su bienestar personal, falseando información derivada en la no prestación de servicios esenciales y para los cuales son parte imprescindible, y destinando mayor cantidad de recursos en aquellos agentes que verazmente se ven imposibilitados de cumplir con sus funciones".