Con la medida, quedaron definitivamente encajonados expedientes relacionados con las cuentas de 1992, 1995 y 1996, que a pesar de llevar más de una década pendientes, seguían sin ser resueltos. El diputado del Frente Grande, Daniel San Cristóbal, dijo que la movida "no hace más que confirmar la crisis del control público en el Chaco".

En el limbo

San Cristóbal presentó en su momento un proyecto justamente dirigido a conformar una comisión que trabaje en la normalización del sistema de control público. "Hay cuentas que quedan en una especie de limbo, sin que se cumpla la normativa constitucional", dijo el legislador a NORTE.

La ley establece que cada año la Contaduría General de la Provincia debe elaborar la cuenta general del ejercicio estatal del año inmediato anterior, tras recabar la información pertinente de cada área. En teoría, ese informe debe estar terminado antes del 30 de junio del año siguiente al del cual se informa. Antes de que pasen tres meses, es decir con límite el 30 de septiembre, el Tribunal de Cuentas debe expedirse sobre ese reporte.

A partir de ahí, es la Legislatura la que debe actuar para aprobar o rechazar la cuenta, con al menos dos tercios de los votos. Si la rechaza, eso puede habilitar el inicio de acciones contra los funcionarios responsables de las irregularidades que se detecten. En los hechos, ese múltiple control es una entelequia que no tiene ejecución real. Las cuentas prácticamente nunca fueron presentadas en término, y además los diputados luego las dejaron dormir por años.

En su proyecto de 2006, San Cristóbal hizo un cuadro en el que mostraba las demoras cometidas entre 1996 y 2004, y llegaba a la conclusión de que aunque la Contaduría contaba con 6 meses para la elaboración de la Cuenta General, en ese período su demora promedio en presentarla había sido de más de 16 meses, en tanto que el Tribunal de Cuentas, con un plazo legal de tres meses para dictaminar sobre la cuenta, había demora un promedio de más de 13 meses.

Como agravante, como parte de todas las maniobras concretadas durante el Operativo Retirada, el rozismo, buscando evitar que se revisen los gastos de sus doce años en el gobierno, modificó la ley del control parlamentario y eliminó la exigencia de dos tercios de los votos para aprobar o rechazar las cuentas generales, y lo bajó a una exigencia de simple mayoría. Fue por eso que pudo archivar días atrás los expedientes sobre ejercicios de los '90.