El juez de instrucción de Ginebra Jean-Bernard Schmid indicó que "alegando que las acusaciones de fraude son infundadas, los titulares de las cuentas bancarias han apelado mi decisión de trasmitir los documentos a las autoridades argentinas", según indicó la agencia France Presse (AFP).

     Precisó que ahora el incidente procesal deberá ser resuelto por el Tribunal Penal Federal, en Bellinzona, y que ese trámite puede durar "dos o tres meses aproximadamente". La documentación fue requerida por el juez federal porteño Norberto Oyarbide.

     Neuss, el ex presidente Menem, el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath y otros empresarios y ex funcionarios están procesados sin prisión preventiva por la concesión del espacio radioeléctrico argentino a la multinacional francesa Thales Spectrum durante el menemismo.

     Entre ellos figuran el abogado Juan Carlos Cassagne y el ex interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones Alberto Gabrielli.

     La Cámara Federal estableció que existe la posibilidad de que "la adjudicación del contrato haya respondido a la existencia de sobornos", en sintonía con las revelaciones públicas de un supuesto "arrepentido" suizo que habló de pagos de 25 millones de pesos/dólares a funcionarios de la administración Menem.

     Los procesados fueron acusados del delito de "fraude a la administración pública", previsto en el artículo 174 del Código Penal y castigado con penas de dos a seis años de prisión. También les confirmaron los embargos desde 5 a 200 millones de pesos, ésta última suma para Cassagne y Neuss.

     "Neuss fue sindicado por Lionel Queudot como quien lo contactó y presentó a D'ancezune para que le impartiera instrucciones sobre la transferencias en la diferentes cuentas bancarias de los montos dinerarios para el supuesto pago de sobornos", consignó el fallo. Queudot es el supuesto "arrepentido" y D'ancezune era un ejecutivo de Thales que estuvo procesado en esta causa pero ya falleció.

     Los camaristas consignaron que Queudot "en 1998 fue invitado a una cena en París a la que asistieron Neuss y el ex presidente Carlos Menem, quien también le fue presentado por Neuss, del mismo modo que otras personas que ocupaban altos cargos en Thales y que a raíz de ello reforzó su idea de que existía un acuerdo entre Thales y el gobierno de Menem".

     Por ello, prosiguieron, el supuesto "arrepentido" supuso que "las operaciones se encontraban en regla, máxime porque a la cena también asistieron los presidentes directores generales de las más grandes empresas francesas".

     A mediados de 1997, el gobierno de Menem firmó un contrato con la empresa francesa TSA que entregaba el control por veinte años del espacio radioeléctrico nacional a Thales, que pasaba a cobrar cánones por el uso del espacio que emplea la telefonía celular, los canales de televisión y las radios.

     El contrato con Thales fue rescindido por el ex presidente Néstor Kirchner, tras un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que hablaba de un posible perjuicio para el Estado de unos 300 millones de dólares.

     Tras la anulación del contrato se abrió una causa en la que el entonces juez federal Jorge Urso dictó sobreseimientos parciales por entender que no hubo irregularidades.

     Sin embargo, la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción (OA) apelaron en base a las pruebas aportadas, por ejemplo las revelaciones de Queudot, que detalló supuestas cuentas secretas a las que se habría girado unos 25 millones de pesos/dólares de posibles sobornos. La Sala II de la Cámara Federal revocó el fallo de Urso porque --dijo-- "carece de soporte real, posee una fundamentación deficiente y resulta prematuro".