Así respondieron desde la Presidencia de la Legislatura, al ser consultados sobre los informes del TC. Aseguran que solamente se trata de «ensuciar la cancha en la previa de las elecciones». El órgano encontró varios puntos grises.

El caso por la contratación de la Consultora Ecoambiental realizada por la Legislatura, volvió a la escena en las últimas horas, después de que el Tribunal de Cuentas respondiera a un pedido de investigación hecho por el diputado Daniel San Cristóbal (Frente Grande), en el cual se detallan las presuntas irregularidades en que habría incurrido la Presidencia del cuerpo.

Este matutino intentó ayer comunicarse con la titular de la Cámara de Diputados, Alicia Mastandrea, pero sus voceros se excusaron por ella, y señalaron que la postura oficial al respecto es de entender todo como «una movida política de cara a las elecciones».

El asesor de la diputada relató a este matutino que «ella ni siquiera da crédito a las publicaciones que se están haciendo», porque «tienen una evidente intencionalidad política».

En tal sentido, se destacó: «El informe del que habla el diputado Daniel San Cristóbal no tiene nada de nuevo, es solamente un refrito de lo que ya se conoció a principios de año». Por tal motivo insistieron en «no dar crédito» a las publicaciones y «dejar que la justicia se ocupe del tema».

El informe del TC

El Oficio 712/09 librado por el Tribunal de Cuentas hacia la Presidencia de la Cámara de Diputados el 29 de mayo pasado, adjunta el informe 11/09 elaborado por la fiscal de ese organismo, Susana Amos de Villán, quien realizó numerosas observaciones tanto al convenio firmado entre el Poder Legislativo y la ONG Ecoambiental, como al proceder en el momento del pago de los honorarios.

Entre los puntos «grises» que la fiscal halló, figuran varios que dejarían al acuerdo por fuera de la legislación vigente.

El documento señala que la Resolución 1107/08, mediante la cual se autorizó el convenio, «no hace mención de la causa de excepción, sus fundamentos y apartado que la comprenda», tal como lo estipula el Régimen de Contratación, motivo por el cual «se aparta de lo normado en la legislación vigente».

Más adelante, subraya que pese a que se solicitó a la ONG que regularizara su situación tributaria ante la Administración Tributaria Provincial, «se efectuaron tres pagos de $90 mil cada uno, sin que la Dirección de Administración haya advertido tal circunstancia al momento de la emisión de esas órdenes de pago y cálculo de las retenciones que pudieran corresponder».

También remarca que existiría «un sistema de anticipos no previsto» en la ley, puesto que «la modalidad contractual acordada, establece el pago de seis cuotas mensuales y la presentación de un informe final, cuyo plazo no se especifica».

Por último, destaca que en el convenio marco no figura el DNI del titular del convenio, Silvio Rivera, ni su domicilio real, «lo que no permite tener certidumbre acerca de la persona con la que se está contratando». Asimismo, deja en claro que «no consta» la fecha de entrega del informe final, ni se han establecido los instrumentos aplicables en caso de incumplimiento o cumplimiento irregular del convenio, y por eso afirma: «Se advierte que las firmas obrantes en los recibos y en las que figuran de la misma persona en el convenio marco, no son las mismas».