El Tribunal de Cuentas de la provincia hizo cargo a cuatro funcionarios del Hospital Lucio Molas por la suma de 2.365,77 pesos.

Se trata de los "intereses" que debió afrontar el establecimiento asistencial por el pago fuera de término de retenciones del impuesto a los Ingresos Brutos, algo que fue achacado a la negligencia de la directora, María Cristina Cuevas; la jefa de la División Finanzas, Hilda Urdaniz de Schab; al director asociado Roberto Mugnaini y a la jefa interina del Departamento Contable, Claudia Lonegro.

El pago correspondía al período diciembre de 2005 y recién fue efectivizado por el hospital en agosto de 2007. El relator que advirtió el gasto informó que el descargo que en su momento efectuaron los responsables fue "olvido de quien suscribe". "Por el error que implica un gasto en el que se incurre por negligencia de los responsables debería formularse cargo por 2.365,77 pesos", concluyó el relator.

Su decisión fue compartida más tarde por la Sala II del TdC. En el fallo, el Tribunal emplazó a los funcionarios citados a depositar el cargo formulado o, en su caso, a presentar un recurso de revocatoria.

En cuanto al Hospital Padre Buodo, de General Acha, el TdC formuló cargos al director del mismo, el médico Walter Villar Báez, y otros tres funcionarios por la suma de 489 pesos, por un lado, y 9.735,50, por el otro. Según los informes del relator, la dirección del Buodo autorizó, en el primer caso, un gasto (pago de anteojos) sin pasar antes por Auditoría Médica y, en el segundo, utilizó una partida de gastos de funcionamiento para abonar un monto correspondiente a una obra de construcción.

Los cargos recayeron sobre Villar Báez, su colega Eduardo Héctor Rodríguez, médico administrador del nosocomio, y las señoras Angélica Obholz y Norma Consuelo Danza, cuyas funciones no están especificadas. Las irregularidades detectadas por el órgano de contralor fueron detectadas al analizarse las rendiciones correspondientes a los meses de agosto y diciembre de 2006. Al igual que los funcionarios del Molas, los achenses también fueron compelidos a depositar las sumas correspondientes en un plazo perentorio o a recurrir las sentencias.

Todos los fallos están firmados por el presidente subrogante del TdC, Francisco García; el secretario, Daniel Omar Beninato; y la vocal subrogante, Liliana Sago de Leventan. Esta última y García están subrogando a quienes fueron los jerarcas del Tribunal en la última década, Natalio Perés, ex presidente, y Rubén Rivero, ex vocal. Ambos fueron destituidos por un Jurado de Enjuiciamiento que los encontró responsables de permitir el descontrol en las cuentas del IPAV, durante el último gobierno de Rubén Marín en la provincia, cuando se produjo el millonario desfalco al organismo de Vivienda de La Pampa por el cual fueron condenados Hugo Agüero y Luis Araniz.