El Poder Ejecutivo emitió una resolución que dispone que la Oficina Anticorrupción (OA), creada por la Ley 25.233, pasa a tener carácter de organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación.

Asimismo el o la titular tendrá rango y jerarquía equivalente a ministro y dependerá funcionalmente del jefe de Estado así como gozará de independencia técnica y cumplirá las tareas que le competen sin recibir instrucciones de ninguna otra autoridad superior.

Otro cambio relevante es que se modifica uno de los artículos del Decreto N° 102 de 1999, sobre las competencias y requisitos que debe tener quien desempeñe el cargo. Desde ahora el titular tiene que ser ciudadano argentino; abogado; tener 30 ó más años y poseer al menos seis años en el ejercicio de la profesión o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público de Fiscal, en el de la Defensa o en el Poder Judicial”.

Cabe recordar que en 2015 el Decreto N° 226 estableció que la conducción, representación y administración de la OA fuera ejercida por el secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien sería nombrado y removido por el Ejecutivo con las condiciones de contar con "título universitario, que los antecedentes profesionales fueran calificados en derecho, ciencias sociales o economía y haber desarrollado una reconocida trayectoria democrática y republicana”.

A partir de ahora, el ente no solo debe elaborar el Plan de Acción sino que además está obligado a difundirlo. También tiene la nueva capacidad de dictar su propio Reglamento Interno.

Del mismo modo, el titular del organismo tendrá que elevar al presidente de la Nación un informe semestral y una memoria anual sobre su gestión “que contenga, especialmente y de manera detallada, las recomendaciones sobre reformas administrativas que, a su juicio, colaboren en la prevención de hechos ilícitos o irregularidades en el ámbito de la administración pública nacional”. Estos documentos estarán disponibles a través del portal de internet de la Oficina.

Antecedentes

La norma Nº 25.233 fue la que modificó la Ley de Ministerios de 1992, y así fue como se creó la Oficina Anticorrupción en el ámbito del Ministerio de Justicia. En aquel entonces se le asignó “competencia en materia de la elaboración y coordinación de programas de lucha contra la corrupción en el sector público y, en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativa”.

Desde ese entonces, la OA es la encargada de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y su ámbito de aplicación comprende a la administración pública centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.