El Concejo Deliberante de Córdoba se apresta a debatir, el próximo jueves 19, la disputa abierta entre el Departamento Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas (TC) a raíz de la decisión del intendente, Daniel Giacomino, de vender de manera directa a un privado, sin licitación, cuatro fracciones de terreno ubicadas en Costanera y Maipú, donde funcionó tiempo atrás el Mercado de Abasto.

Las parcelas están agrupadas en dos bloques de 5.295 y 2.445 metros cuadrados, respectivamente, y se cuentan entre las más valiosas que puede ofrecer la ciudad. Según el acuerdo alcanzado por el municipio, pasarán a manos de la constructora Ingeniero Roberto Domingo Oresti SRL, a cambio de 12,6 millones de pesos, pagaderos en 12 cuotas, con cinco meses de gracia.

Con el voto de los vocales juecistas y radicales, el TC objetó la venta en varias oportunidades y reclamó una licitación para escuchar mejores ofertas, pero Giacomino insistió con la firma de todos sus secretarios, conforme a una facultad que en ese sentido le otorga la normativa vigente. Luego, los tribunos visaron, pero con "reservas", y el expediente pasó al Concejo.

A debatir. Todos esperaban que en el cuerpo legislativo esos papeles durmieran el sueño de los justos, como ya pasó con otro caso muy similar, pero en la sesión del último jueves el Concejo aprobó una preferencia para tratar ambas cuestiones en el recinto el próximo jueves 19. Así, el Concejo no sólo tomaría "conocimiento" de las actuaciones, sino que se expediría sobre la conveniencia y legalidad o no de la operación.

Los expedientes serán analizados primero en la Comisión de Legislación General, que intentará sacar un despacho para el martes 17. Tanto en ese ámbito, como en pleno del cuerpo, quienes tienen reparos para hacer a la venta directa alcanzarían mayoría.

Los siete ediles juecistas votarán en consonancia con sus tribunos de cuentas, es decir, pedirán que se convoque a una licitación pública. A esos votos se agregarían los cinco del Frente Progresista, que también rechazó la venta directa a través de un dictamen que encargó a Asuntos Legales del Concejo el viceintendente Carlos Vicente, en un pronunciamiento que ya se agregó al expediente el pasado lunes.

Y por el lado de la UCR, si bien cuestionan también la venta directa que hizo Giacomino, no creen que el Concejo pueda erigirse en una suerte de órgano de alzada que zanje las diferencias entre el Ejecutivo y el TC. "No podemos ratificar o rectificar nada. Tenemos derecho a pronunciarnos sobre el tema, pero no cambiamos los efectos jurídicos. La venta ya está hecha", dicen los radicales. Resta ver qué actitud asumirán los demás concejales.

Si el Concejo llegara a manifestarse institucionalmente contra la mecánica que utilizó Giacomino para enajenar, se potenciará la discusión jurídica ya abierta. A juicio de algunos concejales, hay cuestiones legales que no quedan claras. Hasta ahora, los pasos administrativos seguidos con el expediente de venta se compadecen con lo fijado por la Carta Orgánica, pero a partir de la llegada de los antecedentes al Concejo, surgen dos bibliotecas.

Hay quienes interpretan que el cuerpo sólo se notifica del proceso y que no puede revertir lo dispuesto por el Ejecutivo. Otros priorizan que, como órgano de control, el legislativo debe fiscalizar todo lo que hace el intendente. En esto último subyace la pregunta sobre si Giacomino puede avanzar en su resolución teniendo objeciones: jurídica, del TC; y política, del Concejo.

El proceso de enajenación de los lotes del ex abasto se planteó desde mediados de 2008, cuando se abrió una licitación pública. Con lo producido por esa venta se iba a costear la construcción de la nueva sede del Concejo Deliberante, ubicada junto a los lotes ofrecidos. El municipio tasó entonces los inmuebles en 11,9 millones de pesos, pero no hubo oferentes.

La licitación quedó en stand by , pero nunca se la dio por cerrada. En marzo último, el Ejecutivo reactualizó el precio de los cuatro lotes y lo llevó a 12,5 millones de pesos. Dos meses después apareció por iniciativa propia la empresa Roberto Oresti SRL ofreciendo 12,6 millones, o sea casi lo mismo que pretendía el municipio.

Según consta en el expediente, la oferta privada se concretó el 26 de mayo y ya el 4 de junio desde el municipio le notificaron a la constructora que aceptaban la oferta.