Buenos Aires.- Muchas sospechas está generando el manejo de los fondos millonarios en la Cámara de Diputados provincial, que se utilizan para pagar becas y subsidios.

No son pocos los que afirman que, desde hace varios años, ese dinero es una de las principales cajas que tienen los legisladores para hacer política. Y no es para menos: se trata de una torta de 89,5 millones de pesos.

Cada uno de los legisladores rasos recibe 200 mil pesos por año para distribuir en becas y subsidios, mientras que los senadores tienen 200 mil pesos solamente para subsidios. Esa cifra, en la Cámara de Diputados, multiplicada por 92 bancas, arroja un total de 18,4 millones de pesos. En ese sentido, los que más gastan son el presidente de la Cámara baja, Horacio González, el vice Horacio Delgado, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Raúl Pérez, y el diputado FpV-PJ Fernando Chino Navarro.

Además, la autoridades de la Cámara tienen otra caja muy importante que en el presupuesto aparece con el rótulo de "transferencias", conformada por cerca de 70 millones de pesos anuales, que también se reparten discrecionalmente.

Otro dato no menor son algunos gastos superfluos en los que habría incurrido la conducción de la Cámara, como es haber gastado casi 300 mil pesos en hacer un monumento en las inmediaciones del palacio legislativo, a lo que se le suma un importante merchandising: el presidente de la Cámara estaría repartiendo masivamente lapiceras, encendedores, broches y otros elementos, que llevan impreso su nombre. Además, repartió numerosos ejemplares de una revista institucional, a todo color y en papel satinado, que solamente incluían fotos -unas 200 mil imágenes- del presidente de la Cámara.

Prácticamente, no existen controles sobre el uso de este dinero. El único organismo de contralor que interviene es el tribunal de Cuentas de la Provincia, que no se caracteriza por rechazar las rendiciones. Su titular es Eduardo Grimberg, un radical que se mantiene en el puesto, de forma ininterrumpida, desde 1987.

El tribunal de Cuentas emite dictámenes de los organismos o municipios analizados, recién dos años después del cierre del ejercicio. La demora hace que las irregularidades que se detectan queden en la nada.

El manejo oscuro del dinero para el pago de becas y subsidios tiene importantes antecedentes en la Legislatura. Algunos casos llegaron a la Justicia, pero poco y nada cambió.

En los últimos 10 años, hubo escándalos por subsidios truchos: hay cuatro ex senadores de la UCR sobreseídos en un acuerdo entre fiscalía y defensa, mientras que otros legisladores está procesados desde hace ocho años sin sentencia. La lista se completa con una ex diputada del PJ, Patricia Mónica Fernández, condenada con baja pena y sin escándalo, y un legislador del ex partido de Polo Social, que fundó el Padre Farinello, que fue absuelto.

Prácticamente todos los delitos referidos a contrataciones, ñoquis, subsidios y fundaciones truchas, cometido desde los años ‘90 a esta parte, se resume sólo en esas causas. Y no más allá. En la actualidad tampoco hay investigaciones en trámite. Y menos, contra legisladores del oficialismo. Como si el delito de guante blanco no existiera. La corrupción, como entelequia. La invisibilidad de la Justicia.