Córdoba.- Es en el marco de la causa por enriquecimiento y evasión que se le sigue en la Justicia Federal.

Casi dos años después de la denuncia, la Justicia no logra todavía cerrar la investigación sobre los bienes de Humberto Roggero, ex jefe del bloque peronista de diputados en los ‘90 y hombre fuerte del PJ en el sur cordobés, que fue denunciado por un antiguo colaborador por enriquecimiento ilícito y evasión impositiva.

Ahora, el fiscal federal, Guillermo Lega, decidió que deberán profundizarse las averiguaciones sobre los bienes del ex diputado y después deberá dársele participación a la Oficina Anticorrupción para que opine si hay o no delito. 

Roggero fue denunciado públicamente en noviembre de 2008 por Norberto "Cacho" Aime, un antiguo colaborador de confianza, que aseguró que el ex diputado había acumulado 80 millones de dólares en menos de una década. Aime anunció entonces que iba a iniciarle una demanda a su antiguo jefe por los honorarios pactados pero nunca cobrados por la venta de cuatro estancias y 20 mil cabezas de ganado. Y aseguró que la mayoría de las operaciones se hacían en un alto porcentaje en negro. 

La acumulación de bienes se habría producido, según Aime, durante los años en que Roggero fue un personaje influyente en la política nacional.

El juez federal, Carlos Ochoa, había considerado que la investigación estaba terminada y, por lo tanto, envió las actuaciones a la Fiscalía Federal para que se dictaminara si existía la presunción firme de un delito -en ese caso Roggero debía ser procesado- o si era necesario ahondar la investigación.

El fiscal Lega se inclinó por la segunda opción y ayer le devolvió las actuaciones a Ochoa con la notificación de su decisión ¿Por qué consideró que la instrucción está incompleta?

Según fuentes relacionadas a la causa, cuando la anterior fiscal actuante, Alicia Cena, pidió una profundización de la pesquisProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 requirió apuntar en dos direcciones. Por un lado, debía requerirse una pericia a la policía para que determinara cuáles fueron los movimientos bancarios de Roggero y de las empresas que le han sido adjudicadas.

Aime denunció en su momento que dos firmas -Fademburg y Dorifield S.A.- eran comandadas por el suegro de Roggero pero que el ex diputado nacional era el propietario real de cuatro valiosas estancias.

Además de la pericia policial, la Fiscalía había pedido un segundo estudio, que debía ser realizado por la Afip y que aún hoy -según indicaron fuentes judiciales- no se ha presentado. Como la investigación iniciada en 2008 es por supuesto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal, Lega sostuvo en su dictamen que falta el peritaje de la Afip para determinar si pudo haber existido o no el delito de evasión.

Pero, una vez que se complete ese aspecto de la instrucción, todavía deberá darse otro paso: la causa irá a la Oficina Anticorrupción, que en junio de 2009 ya opinó sobre el caso Roggero y señaló que no había anomalías en la conducta del ex embajador en Italia. Lega quiere que esa dependencia nacional vuelva a opinar con más elementos en la mano.

Recién después habrá un análisis final sobre si corresponde imputar o procesar a Roggero o si queda libre de las acusaciones.

Por otro carril sigue la demanda que Aime la inició a su antiguo jefe en la Justicia ordinaria para cobrar honorarios que suman 1.500.000 pesos y que se habrían pactado por la venta de las estancias Santa Ana, La Leontine, Icalux y Costa del Tambo.