El senador Felipe Michlig (UCR - San Cristóbal) ingresó un proyecto de Ley proponiendo una modificación a la ley que creó en la Provincia la Defensoría del Pueblo, con el objeto de otorgarle esa facultad dentro de su competencias y atribuciones al ombudsman provincial.

 La iniciativa, consta de un solo artículo que dispone agregar al Art.

 1° de la ley 10.396 un párrafo que expresa que "el Defensor del Pueblo tendrá legitimación procesal en el marco de las competencias y atribuciones contempladas (en el párrafo que le precede) y en protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes vigentes".

 En los fundamentos del proyecto, Michlig recuerda como antecedentes una presentación similar de la diputada (MC) Alicia Tate, que tuvo dictamen favorable y preferencia, pero al no haber sido tratada a fines de 2004 caducó, y que mantiene plena vigencia ya que procura salvar una omisión en la redacción de la mencionada norma, que impide al Defensor del Pueblo de la Provincia hacer más efectiva la protección de los ciudadanos.

 Ejemplo de ello son las actuaciones llevadas a cabo por el ombudsman de Santa Fe para reclamar por demoras injustificadas en la entrega de los documentos de identidad, situación que cercena el derecho a la identidad de decenas de miles de ciudadanos, acciones ante empresas prestadoras o concesionarias de servicios públicos por falencias de funcionamiento o desconocimiento de la normativa sobre derechos de los usuarios, y situaciones de daño ambiental.

 En ese sentido, Michlig considera que los fundamentos de la diputada Tate mantienen plena vigencia cuando argumenta que la reforma constitucional de 1994 incorpora en el art. 86 de la Constitución Nacional, la figura del Defensor del Pueblo con legitimación procesal para garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías que la propia Carta Magna reconoce.

 Si bien la norma fue incorporada en el plexo constitucional en relación con el control del estado nacional y de los entes privatizados de servicios públicos nacionales, existe una omisión legislativa en nuestra Provincia, ya que si bien el instituto del Defensor del Pueblo de la Provincia fue creado en el año 1991, no se le otorgó legitimación procesal.