Los integrantes el Tribunal de Cuentas fundan su petición en las reiteradas negativas de parte del Gobierno a entregar copia certificada del acuerdo de partes firmado el pasado 28 de abril y de su decreto ratificatorio, como así también de toda la documentación que le fue acercada en copias simples, muchas de ellas ilegibles, del expediente SH 4215/09, caratulado "S/Convenio con Empresa TFEQ por venta de gas proveniente de regalías y construcción de planta de metanol y otros productos químicos".

En la presentación formalizada en el día de ayer ante el juzgado de instrucción en turno, se recuerda que a fines de abril de este año -luego de recibida una serie de documentación por parte del Ejecutivo- se comunicó a la Gobernadora que con los escasos elementos enviados y la falta de informes técnicos y legales correspondiente, para el órgano de control el proyecto de contrato puesto a su consideración no sólo no amparaba de manera adecuada los intereses de la Provincia, sino que excedía los parámetros establecidos en la ley 774. Se menciona que el 28 de mayo se requirió al Secretario de Hidrocarburos copia certificada del acuerdo de partes, debidamente registrado y de decreto por el cual fuera ratificado ese instrumento, y que el pedido fue respondido. Los vocales precisan que la solicitud fue reiterada, con igual suerte, el pasado 19 de junio.

Agregan que a pesar de esas solicitudes, el Gobierno acercó al órgano de control, a mediados de junio, "copias simples y en su caso ilegibles del expediente de referencia, llegando al colmo de la contumacia" al remitir el 29 de junio una nota mediante la que pone "a disposición del Tribunal de Cuentas las copias que se encuentran ilegibles".

Por ello, y convencidos de que ésta es la única vía a su alcance para poder cumplir con el mandato constitucional "de órgano autónomo de contralor externo de la función económico" financiera de los tres poderes del Estado Provincial", es que peticionan el allanamiento de dependencias del Ejecutivo fueguino.

Según trascendió, desde la Justicia ya se habrían adoptado algunas medidas que hacen suponer que la diligencia solicitada por el Tribunal de Cuentas podría concretarse a la brevedad.