Pubkicado: 26-10-2009
 
Los informes que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) realizaron en los últimos meses sobre diferentes programas sociales son contundentes y revelan que las irregularidades en la entrega de fondos asistenciales son una constante. La falta de transparencia para repartir las partidas sociales es también una denuncia en la que coinciden la oposición y la Iglesia.

El tema no es menor si se tiene en cuenta que sólo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social es de 14.000 millones de pesos para atender a 2.000.000 de familias y 3.735.000 niños. 

El lanzamiento del plan Argentina Trabaja, que hizo la presidenta Cristina Kirchner hace menos de un mes con la intención de crear 100.000 puestos de trabajo para cooperativistas, fue el detonante que reflejó un manejo discrecional en aumento en otros planes sociales nacionales. 

El programa para cooperativistas que empezó a cobrar fuerza en diez municipios del PJ en el conurbano bonaerense desató una dura batalla entre intendentes y movimientos sociales. Los intendentes y dirigentes piqueteros de cooperativas pelean por el manejo de una caja de $ 1500 millones de pesos para este año y unos $ 7500 millones el año que viene. 

El Gobierno definirá con los intendentes los lugares y grupos de cooperativas encargados de levantar obra pública y recibir fondos. Pero los $ 1300 para cada beneficiario se girarán de manera directa a una cuenta bancaria de cada cooperativista que se incorpore en el plan. 

Este escenario de auge de clientelismo y discrecionalidad en el manejo de partidas que se empezó a ver en el conurbano se repite en el resto del país con otros planes sociales. El resultado siempre es el mismo: la asistencia a unos grupos y la falta de atención a otros genera hechos de violencia. Según el matutino porteño La Nación, el desenlace de este esquema se puede ver en Jujuy, donde el movimiento Tupac Amaru, de Milagro Sala, recibe más de $ 8 millones al mes del Estado, mientras que otros sectores marginados por la pobreza no reciben lo mismo. 

Los informes de la AGN y de la Sigen son contundentes a la hora de revelar la discrecionalidad y la irregularidad en la entrega de partidas sociales.