Publicado: 14-11-2009

 

El Tribunal de Cuentas de la Provincia inició una investigación de oficio por la que habrían detectado serias irregularidades en el manejo y conservación de la mercadería depositada en los galpones de la ex ruta 5 del Parque Industrial. También la Justicia hizo infructuosos allanamientos tras una denuncia por presunta venta ilegal de alimentos del área estatal.

El Ministerio de Desarrollo Social está siendo objeto de un amplia investigación ante presuntas irregularidades en el manejo de mercaderías y elementos, bajo su administración. 

Dos caminos conducentes están abocados a lograr el esclarecimiento de lo que podría calificarse como un ilícito. Por una parte, la Justicia ordinaria avanzó ayer en la investigación del destino de mercadería, en particular alrededor de tres toneladas de fideos. Mientras que el Tribunal de Cuentas, actuó de oficio en el depósito de Desarrollo Social ubicado sobre la ruta 5, donde se habría encontrado mercadería en stock, con fecha vencida y otras a punto de vencerse que no fue entregada a sus destinatarios que son los sectores vulnerables de la sociedad. 

No todo terminaría allí, pues además habrían encontrado tres ambulancias pertenecientes al Plan Nacer, totalmente nuevas y que hasta el momento se desconocen los motivos del porqué no fueron entregadas. 

Las llaves del depósito, según se pudo saber, se encontrarían solamente en poder de Carlos Gómez, un hombre de confianza del titular de la Unidad de Control Interno (UCI), contador Jorge Núñez y del ministro Délfor Brizuela. 

La investigación judicial 

Una denuncia por maniobras irregulares en el Ministerio de Desarrollo Social, desató una investigación y una serie de sospechas por los manejos en la distribución de la mercadería. Si bien los dos allanamientos realizados dieron resultados negativos, se desconoce aún el paradero de los alimentos adquiridos por el Gobierno. 

Según información de fuentes judiciales, la denuncia fue interpuesta en la noche del jueves último, por un empleado del área gubernamental, ante la Fiscalía. 

Sin demora, se dio participación del hecho al juez de Instrucción en turno, Daniel Héctor Barría, quien ordenó dos allanamientos simultáneos. De inmediato, personal policial de la Dirección de Investigaciones y de los grupos especiales de Infantería y la Brigada de Acción Operativa (BAO), fueron comisionados para llevar a cabo los procedimientos dispuestos por la Justicia. 

A las 23, del jueves último, la comisión policial, con la supervisión de funcionarios judiciales, se apersonó en los depósitos del ministerio en cuestión, ubicado sobre la ruta provincial N° 5, y de un supermercado situado sobre avenida Carlos Menem. 

De acuerdo con lo informado por las fuentes consultadas, en ambos casos, los resultados fueron negativos, ya que en ninguno de los sitios allanados se encontró material que fundamentara la sospecha. 

No obstante, como parte de la investigación, se secuestró documentación que podría contribuir al esclarecimiento del caso. Entre estas pruebas, se encuentran facturas originales, las cuales permitirían, mediante el cruzamiento de datos, reconstruir los últimos movimientos de los establecimientos implicados. Asimismo, no se descarta que, en el transcurso de la investigación, puedan ordenarse más allanamientos. 

El director de Administración, Cristian Díaz, habría declarado que los remitos de todo lo que debería estar en el depósito fueron retirados por el titular de la UCI, y habría admitido que deberían estar en las dependencias de Desarrollo Social, sede natural de los controles. 

La ruta del fideo 

Según pudo conocerse, el supermercado en cuestión provee mercaderías al Ministerio de Desarrollo Social, lo cual es regular. Sin embargo, de la mercadería vendida al Ministerio "según consta en las facturas", solamente se encontró una ínfima parte en el depósito. 

Aunque no se conocieron datos puntuales, se supo que el comercio hizo una factura por seis panes de fideos (unos tres mil paquetes) pero se halló menos de la mitad. 

Aunque esto podría deberse a la circulación propia de la mercadería, es decir, al envío a comedores y entrega a familias de escasos recursos, aún no hay pruebas que así lo indiquen. 

Al parecer, el denunciante advirtió maniobras irregulares en el manejo de la mercadería con fines sociales. Se pudo saber que los empleados advirtieron de un supuesto manejo irregular, pero ninguno se animaría a declarar. 

Al respecto, fuentes judiciales indicaron que se continuará la investigación hasta que los números cierren, y sea localizado el destino de toda la mercadería que figura en la documentación, mientras que el Tribunal de Cuentas también profundizará la investigación en la parte administrativa y en el esquema de entregas de las mismas.