El ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, renunció a su cargo la semana pasada con un gesto que da cuenta de lo que fue toda su carrera en el área: antes de irse presentó ante la Justicia tres denuncias que apuntan a funcionarios del Gobierno. La más explosiva acusa al ex secretario ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, y al secretario ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), Jorge Simeonoff, por supuestas irregularidades administrativas y presunta connivencia con la firma Concesionaria Vial de Autopistas Argentina-España SA (Coviares), en el marco de la reciente negociación del Contrato de Concesión Vial de Obra Pública.

Las otras dos investigaciones acusan, por un lado, al Poder Ejecutivo por supuestas irregularidades en el manejo de dinero de campaña (en relación con transmisiones por una cadena de cable de actos políticos, por las que habría recibido dinero público); y otra en la que se denuncian presuntas irregularidades y ventajas desproporcionadas, nuevamente, por parte de UNIREN a la empresa Caminos del Valle SA, por la renegociación del contrato de concesión del corredor vial Cipolletti-Neuquén.

El convenio entre la UNIREN, el OCCOVI y Coviares denunciado estipula la construcción, conservación y explotación de las autopistas Buenos Aires-La Plata, Ribereña de la Capital Federal y Nuevo Puente, sobre el Riachuelo. La investigación comenzó en 2007, a partir de una acusación sobre supuestas irregularidades en la renegociación, luego de que la UNIREN no sólo perdonaría a la concesionaria los supues-tos numerosos incumplimientos del contrato original, sino también desafectaría a la empresa de la obligación de construir la Autopista Ribereña, avalara un aumento de tarifas del 15% y estableciera un nuevo cronograma para la ejecución de obras pendientes.

Según el documento presentado por el ahora ex fiscal, existen claras pruebas «del real grado de incumplimiento en que incurrió la contratista Coviares SA y de favorecimientos por parte del Estado, desde el inicio de la concesión en forma sistemática». El escrito también señala que la mayoría de las supuestas faltas se habrían producido antes de la Ley de Emergencia Económica, en la que la empresa se amparó para impulsar la renegociación del contrato.

Descripción

La denuncia además señala que, a pesar de que estas infracciones fueron confirmadas por la Auditoría General de la Nación y se realizaron cuestionamientos en la audiencia pública que discutió la renegociación en 2007, éstos «no fueron tenidos en cuenta por las autoridades administrativas, que avalaron el proceso de renegociación». La investigación de Garrido realiza una minuciosa descripción de las múltiples supuestas faltas en las que incurrieron, tanto la empresa como el Estado, desde que es fue licitado por primera vez en 1979. El escrito, finalmente, pide que se notifique a las partes involucradas (incluido el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, ya que es el supervisor de estas renegociaciones) y solicita la investigación penal de Uberti y Simeonoff, a quienes acusa de presunta administración fraudulenta porque «no obraron con lealtad hacia el Estado ni actuaron con la diligencia de un buen hombre de negocios, perjudicando las arcas del Estado nacional».

La segunda denuncia fue presentada ante la Cámara Nacional Electoral y acusa al Poder Ejecutivo por «supuestas irregularidades relacionadas con el gasto público (ATN, publicidad oficial, fondos fiduciarios)» y surge a partir de diversas notas periodísticas en 2005 sobre el tema. El ex titular solicitó que se auditara la cantidad de avisos oficiales emitidos por un canal de cable en ese año y lo comparó con lo facturado a la agencia Télam por parte de la empresa Administradora Ring SRL, perteneciente a la familia del fallecido Ringo Bonavena. Según se verificó, se habrían facturado más segundos que los que se emitieron como avisos, lo que implicaría una violación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

La última investigación que el ex titular de la FIA entregó a la Justicia se basa nuevamente en UNIREN y la renegociación del contrato por la concesión del corredor vial Cipolletti-Neuquén a la empresa Caminos del Valle SA, que empezó a partir de una denuncia de la Defensoría del Pueblo en 2007. Según el documento, la compañía (que ganó inicialmente la licitación en 1994) habría incumplido en estos años numerosos puntos del contrato, además de que habría percibido mayores ingresos que los planeados.

El escrito destaca que el Estado, a pesar de estas faltas, respaldó igual una renegociación que incluso superó las perspectivas de la propia empresa (ya que no reclamó que concluyera las obras estipuladas en la concesión inicial para extenderlo). La denuncia además recuerda la acusación que el ex fiscal presentó anteriormente contra Caminos del Valle, en tanto una de las empresas contratistas del Estado que habrían utilizado facturas apócrifas para encubrir presuntos sobornos (la misma modalidad que el caso Skanska). Ahora habrá que esperar para ver si la movilizadora renuncia de Garrido impulsa alguno de estos casos o si, como la mayoría, se pierden en el papeleo de Comodoro Py.